Según el análisis, la iniciativa busca aportar “mayor claridad en las reglas” y “seguridad jurídica”, en el marco de una Ley de Contrato de Trabajo con más de medio siglo de vigencia, pensada para un modelo industrial y centralizado que no refleja la dinámica actual, caracterizada por empresas más pequeñas y esquemas de producción en red.
Los autores también plantean que existe un cambio cultural en las trayectorias laborales y sostienen que la lógica del empleo “para toda la vida” ya no coincide con las expectativas de muchos jóvenes ni con mercados de trabajo cada vez más móviles.
Costos, despido y previsibilidad
Entre los ejes centrales, el documento remarca que para generar empleo el empleador necesita previsibilidad tanto en el costo de contratación —con fuerte incidencia de la carga impositiva— como en el llamado “costo de salida” cuando debe reducir personal. En ese contexto, analizan las modificaciones propuestas al artículo 245 de la Ley de Contrato de Trabajo, vinculado a la indemnización por despido sin causa, con el objetivo de brindar mayor precisión normativa.
Críticas y advertencias
El análisis advierte que el alcance de la reforma sería limitado y que no resulta innovadora en su esencia, ya que reproduce enfoques de flexibilización centrados en la reducción de costos de despido sin contemplar de manera integral las particularidades del mercado laboral argentino.
Entre los puntos cuestionados, se señalan posibles inconsistencias regulatorias, como la creación de un nuevo fondo adicional a otros ya existentes, que podría implicar un costo mensual acumulado significativo por cada nueva contratación, en contradicción con el objetivo de aliviar cargas laborales.
También se mencionan vacíos no resueltos, especialmente en relación con el empleo no registrado. Según el documento, la propuesta no corrige de fondo los incentivos que desalientan la registración laboral, ya que las consecuencias de despedir a un trabajador registrado o no registrado no mostrarían diferencias sustanciales.
Otro apartado crítico se refiere a la tercerización, advirtiendo que un esquema que limite la responsabilidad del empleador principal con la sola presentación de documentación podría debilitar la protección de los trabajadores en cadenas de subcontratación.
Juicios laborales y salario
En materia de juicios laborales, los especialistas cuestionan la tendencia a fijar intereses bajos en un contexto de inflación estructural, señalando que esa práctica podría desalentar acuerdos y prolongar litigios, licuando los montos reclamados con el paso del tiempo.
Además, ponen el foco en la modificación del artículo 132 de la Ley de Contrato de Trabajo, que habilita retenciones salariales para préstamos bancarios. Consideran que se trata de un cambio relevante en la protección del salario, con riesgo de sobreendeudamiento y con el sueldo funcionando como garantía de cobro.
Derogaciones cuestionadas
El documento también cuestiona la derogación de normas específicas como el Estatuto del Periodista y el Estatuto del Viajante de Comercio, al entender que dejarían sin protección legal particular a trabajadores con funciones específicas. En la misma línea, advierten sobre la eliminación de la normativa vinculada al trabajo a domicilio, una modalidad que tuvo fuerte crecimiento desde la pandemia.
