El esquema fue validado por la Cámara Contencioso Administrativa de Primera Nominación, que consideró que la iniciativa resulta “razonable y proporcional al fin perseguido, que es la seguridad pública”. Según la resolución judicial, se trata de una restricción parcial de la circulación, justificada en el marco de la emergencia en seguridad declarada en 2023.
De acuerdo a lo informado por la Agencia Noticias Argentinas, el intendente Pablo Cornet defendió la implementación del sistema, enmarcándolo dentro del “Programa integral de prevención del delito y seguridad vecinal”. El jefe comunal sostuvo que cerca del 60% de los robos en la localidad ocurren durante la noche y remarcó que la decisión “no responde a una cuestión política o ideológica, sino a una solución práctica y excepcional frente al aumento de la inseguridad”. Cornet, además, señaló que recientemente fue víctima de un asalto en su propia vivienda.
En una primera etapa, el municipio prevé la colocación de quince portones en los barrios Pan de Azúcar y Lomas Sur. Los cierres regirán entre las 22 y las 6 de la mañana y contarán con custodia de personal municipal, permitiendo el acceso controlado a los vecinos de la zona.
Pese al aval judicial, la medida generó fuertes cuestionamientos por parte de sectores de la oposición y de grupos de vecinos que presentaron amparos colectivos. La concejal Marta Banegas criticó la iniciativa al afirmar que “en lugar de aplicar políticas de inclusión, se avanzan con políticas de segregación, lo que resulta peligroso”.
Los demandantes también advirtieron que el cierre de calles públicas podría vulnerar derechos fundamentales como la libre circulación y la igualdad ante la ley, además de señalar la ausencia de estudios técnicos que demuestren la eficacia de este tipo de barreras para reducir el delito.
En paralelo, el programa municipal incluye la instalación de unas 300 cámaras de videovigilancia y el refuerzo de los patrullajes con ocho nuevos móviles, con el objetivo de conformar corredores seguros en distintos puntos de la ciudad. No obstante, los vecinos afectados confirmaron que apelarán el fallo judicial, por lo que la continuidad definitiva del sistema de portones quedará supeditada a lo que resuelva una instancia superior de la Justicia.
