La medida quedó formalizada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, que habilita la contratación directa de profesionales para acelerar los trámites de escrituración de casas correspondientes a planes ejecutados hasta el 31 de diciembre de 2015. El objetivo es resolver demoras históricas y otorgar seguridad jurídica a las familias beneficiarias que cumplen con los requisitos.
En paralelo, el organismo intensificó las auditorías administrativas sobre la situación de distintas adjudicaciones. Según se informó, se avanzó con rescisiones y desadjudicaciones en casos donde se detectaron deudas prolongadas en el pago de las cuotas de amortización o incumplimiento de la ocupación permanente, condición central de los programas habitacionales.
Estas acciones alcanzaron a viviendas ubicadas en varias localidades de la provincia, donde se emitieron resoluciones por morosidad, falta de residencia o irregularidades en la titularidad. En situaciones en las que el adjudicatario original falleció, el IPAV notificó a los herederos para que acrediten residencia y regularicen los pagos, bajo apercibimiento de perder el beneficio.
Desde el organismo señalaron que la política combina dos líneas de trabajo complementarias: por un lado, garantizar el derecho a la escritura a quienes cumplen con sus obligaciones; y por otro, preservar la función social de la vivienda, evitando usos indebidos o situaciones especulativas. La estrategia apunta a fortalecer la transparencia del sistema y a asegurar que los recursos públicos lleguen efectivamente a quienes los necesitan.
Fuente: El Diario de La Pampa.
