La sentencia fue dictada por el juez de audiencia de General Acha, Raúl Miguez Martín, tras la realización del juicio oral.
Durante el debate se acreditó que el imputado abusó de la niña durante un período aproximado de siete años, desde que tenía ocho, con excepción de un breve lapso en el que no mantuvo contacto con su padre. Los hechos ocurrieron tanto en domicilios de familiares del condenado como en viviendas de un matrimonio amigo.
El magistrado resolvió mantener la prisión preventiva sustituida, imponiéndole al condenado la obligación de fijar domicilio y no ausentarse sin autorización judicial; informar sus actividades laborales; presentarse cada 15 días en la comisaría; no mantener contacto ni acercamiento con la víctima y no salir del país. Una vez que la sentencia quede firme, quedará a disposición del Juzgado de Ejecución Penal de Santa Rosa.
Los alegatos
En los alegatos finales, el fiscal Juan Bautista Méndez había solicitado una pena de 15 años de prisión, la privación de la responsabilidad parental y que se valoraran las pruebas con perspectiva de niñez y de género, remarcando la especial situación de vulnerabilidad de la víctima.
Por su parte, el defensor particular Juan Eduardo Ravinale pidió la absolución del acusado, argumentando que no existía una identificación clara y circunstanciada de los hechos, cuestionando la valoración de la declaración brindada por la niña en Cámara Gesell.
Los fundamentos del fallo
En los fundamentos de la sentencia, Miguez Martín sostuvo que “la perspectiva de niñez exige una mirada que reconozca a la niña como sujeto de derechos, teniendo en cuenta su etapa de desarrollo y la mayor vulnerabilidad frente a personas adultas de su círculo íntimo y familiar”.
El juez afirmó además que, dentro de sus posibilidades, la víctima brindó “un testimonio lo suficientemente claro, detallado y coherente” para reconstruir los episodios sufridos. En cuanto a los testigos propuestos por la defensa —familiares y amigos del condenado— consideró que sus declaraciones estuvieron “teñidas por la intención de beneficiarlo y evitar una sanción”.
Respecto de la pena, el magistrado remarcó la gravedad de los hechos al tratarse de violencia contra la niñez y de género, señalando que el acusado se aprovechó de la desigualdad de poder y de la vulnerabilidad de su hija para consumar los abusos, causando un grave daño a su integridad sexual y personal.
La condena fue un año menor a la solicitada por la fiscalía debido a que el juez no incluyó dos agravantes planteadas, al considerar que ya quedaban comprendidas en el agravante del vínculo familiar.
Fuente: Noticias del Sur
