La iniciativa, presentada originalmente hace tres años, busca otorgar una indemnización —por única vez— a los trabajadores nacionales, provinciales y municipales que, entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983, fueron cesanteados, exonerados o forzados a renunciar por motivos políticos, ideológicos o gremiales.
Una deuda pendiente en la Patagonia
Si bien el Gobierno de La Pampa dio un paso fundamental en 2022 con el Decreto 407/22 (que reparó simbólicamente los legajos de más de 500 personas), el Colectivo reclama ahora «igualdad de trato» respecto a otras provincias de la región.
«Hoy, provincias hermanas como Neuquén y Río Negro ya cuentan con leyes de reparación material. La Pampa, siendo pionera en políticas de Derechos Humanos, tiene la oportunidad histórica de saldar esta falta del Estado hacia quienes padecieron la persecución laboral», expresaron desde el Colectivo.
Puntos clave del pedido:
• Reparación Material: Un resarcimiento económico que complemente el reconocimiento simbólico ya vigente.
• Justicia Histórica: El proyecto se basa en recomendaciones del Parlamento Patagónico (2013) y sigue el modelo de leyes aplicadas en Mendoza y el sur del país.
• Alcance: Incluye a agentes de todos los niveles del Estado que fueron víctimas del terrorismo de Estado en territorio pampeano.
Desde el Colectivo subrayan que, si bien el dinero no revierte el dolor ni la discriminación sufrida en aquellos «años oscuros», funciona como un «abrazo memorioso y fraterno» de un Estado que repara y asume su rol de administrador justo y faro moral.
A 50 años del Golpe, el Colectivo de Prescindidos de La Pampa reclama una ley de reparación histórica
En el marco de la conmemoración del 50º Aniversario del último golpe de Estado en Argentina, el Colectivo de Prescindidos Políticos de La Pampa solicitó formalmente a la Legislatura Provincial y al Gobernador Sergio Ziliotto el tratamiento urgente del proyecto de ley de reparación económica para ex agentes públicos víctimas de la dictadura.
