Los procedimientos fueron ordenados por el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, y se llevaron a cabo en distintas sucursales ubicadas en la Ciudad de Buenos Aires. El objetivo principal es reconstruir cómo se realizó la operación inmobiliaria y determinar el origen de los fondos utilizados.
La investigación se centra en la adquisición de un departamento y en la modalidad de financiamiento empleada. Según se desprende del expediente, la compra habría incluido préstamos de montos significativos otorgados por particulares, un mecanismo que no es habitual en este tipo de transacciones y que despertó sospechas en la Justicia.
En ese contexto, los investigadores también buscan esclarecer la participación de un intermediario identificado como “Pablo”, cuya intervención en la operación aún no está del todo clara.
Durante los allanamientos, personal de la Policía Federal secuestró documentación vinculada a la compra, que será analizada para determinar si existieron irregularidades y si el patrimonio del funcionario se corresponde con sus ingresos declarados.
La causa continúa en etapa de investigación y no se descartan nuevas medidas judiciales en los próximos días, en un expediente que suma relevancia a nivel nacional por involucrar a un funcionario del Gobierno.
