La sesión se habilitó gracias al acompañamiento de sectores del PRO, la UCR y otros espacios, lo que permitió abrir el debate en el recinto y avanzar con el tratamiento del proyecto impulsado por el Gobierno nacional.
Finalmente, la iniciativa fue aprobada con 137 votos afirmativos, 111 negativos y 3 abstenciones, en una jornada que se extendió por más de once horas y estuvo marcada por fuertes cruces entre oficialismo y oposición.
La reforma introduce modificaciones centrales en el esquema de protección de los glaciares y zonas periglaciares. A partir de ahora, estos ambientes ya no estarán resguardados de manera automática, sino que se evaluará su protección según la función hídrica que cumplan, otorgando además mayor injerencia a las provincias en la toma de decisiones.
Desde el oficialismo sostuvieron que los cambios permitirán compatibilizar el desarrollo productivo con el cuidado ambiental, y destacaron que la nueva normativa abre la posibilidad de impulsar inversiones, especialmente en el sector minero.
En contraposición, bloques opositores y organizaciones ambientalistas cuestionaron con dureza la iniciativa y advirtieron que implica un retroceso en materia de protección ambiental. En ese sentido, alertaron sobre los posibles impactos en las reservas de agua dulce y los ecosistemas cordilleranos.
El debate también tuvo repercusión fuera del Congreso, con manifestaciones de rechazo por parte de sectores sociales y ambientales que siguieron de cerca la discusión.
Con la aprobación en Diputados, la reforma de la Ley de Glaciares avanza en un contexto de fuerte tensión política y social, y se posiciona como uno de los temas más sensibles en la agenda legislativa nacional.
