El Gobierno Nacional confirmó que una docena de empresas quedó en condiciones de avanzar en el proceso de licitación destinado a la modernización y puesta en valor de más de 9.000 kilómetros de corredores estratégicos de la red vial nacional, en el marco de la Red Federal de Concesiones.
Según informó la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía a través de un comunicado oficial, la medida se da luego de finalizado el período previsto para la presentación de impugnaciones, lo que permite continuar con la Etapa II A del proceso “bajo criterios de transparencia, seguridad jurídica y evaluación objetiva”.
Etapa II A: tramos y ofertas
En esta instancia se busca concesionar más de 1.900 kilómetros de rutas nacionales, divididos en dos tramos:
- Tramo Sur Atlántico – Acceso Sur: 1.325,17 km (incluye RN 3, RN 205, RN 226 y accesos clave como Ricchieri, Ezeiza-Cañuelas y Newbery).
- Tramo Pampa: 546,65 km (principalmente sobre la RN 5).
Para esta etapa se recibieron 19 ofertas, de las cuales 12 fueron aprobadas tras acreditar capacidad técnica y solvencia financiera, mientras que 7 fueron desestimadas.
El caso AUBASA: por qué fue excluida
Una de las empresas rechazadas fue Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA), cuya exclusión —según el comunicado— respondió a incumplimientos técnicos y financieros.
Entre los principales puntos observados:
- Falta de acreditación de ejecución directa de obras, requisito clave para garantizar que el concesionario tenga estructura y experiencia propia.
- Indicadores financieros fuera de los límites exigidos, con un nivel de endeudamiento de 3,75 frente al máximo permitido de 1,50.
- Inconsistencias en la documentación, que no pudieron ser subsanadas durante el proceso.
- Ausencia del balance contable-financiero requerido.
Desde el Gobierno remarcaron que estos criterios fueron aplicados de manera uniforme a todos los oferentes y que otras empresas también quedaron fuera por razones similares.
Proceso con inversión privada
El esquema de concesión prevé que las obras se realicen con inversión 100% privada, con el objetivo de mejorar la infraestructura vial sin generar costos directos para el Estado.
“El objetivo es garantizar que los futuros concesionarios tengan la capacidad real de ejecutar las obras, sostener la operación en el tiempo y asumir el riesgo económico del contrato”, señalaron.
Además, destacaron que el proceso cuenta con la supervisión de distintos organismos, entre ellos la SIGEN, la Oficina Nacional de Contrataciones y la Comisión Evaluadora.
Lo que viene
Con esta definición, el proceso avanza hacia las próximas etapas de evaluación y adjudicación, en un esquema que el Ejecutivo busca consolidar como modelo para el desarrollo de infraestructura vial con participación privada.
“El Gobierno Nacional reafirma su compromiso con un modelo basado en reglas claras, competencia genuina y responsabilidad técnica”, concluye el comunicado.
