El Instituto Provincial Autárquico de Vivienda (IPAV) puso en marcha una serie de medidas administrativas para recuperar 11 viviendas sociales adjudicadas en distintas localidades de la provincia, a partir de incumplimientos detectados en el pago de cuotas y en la ocupación efectiva de los inmuebles.
Las actuaciones surgen de resoluciones difundidas en el Boletín Oficial y contemplan distintos escenarios: desde intimaciones a regularizar deudas y presentar descargos, hasta la rescisión directa de adjudicaciones o actas de tenencia precaria, lo que habilita al organismo a disponer nuevamente de las unidades habitacionales.
Según se detalló, cinco de los casos corresponden a Santa Rosa, dos a Colonia Barón y los restantes se distribuyen en Quetrequén, 25 de Mayo, General Pico y Telén.
Entre las situaciones relevadas, se incluyen viviendas con deudas acumuladas, inmuebles que no estaban habitados por sus adjudicatarios y casos en los que se requirió a herederos avanzar en la regularización de la titularidad, además de acreditar residencia y cumplimiento de las condiciones contractuales.
Las viviendas involucradas pertenecen a distintos planes habitacionales, como FONAVI, Federal, Ruca y Plurianual, entre otros, lo que evidencia que los controles alcanzan a programas de diversas etapas y características.
Desde el IPAV remarcan que el objetivo de estas medidas es garantizar el uso adecuado de las viviendas sociales, que constituyen un recurso público limitado, y asegurar que sean destinadas a familias que cumplan con los requisitos establecidos.
