La decisión afecta directamente a miles de jubilados, que ven postergadas intervenciones médicas esenciales. En muchos casos, los centros de salud solo están garantizando urgencias, mientras que las operaciones no críticas quedan suspendidas hasta nuevo aviso.
Prestadores del sistema vienen advirtiendo desde hace semanas sobre una situación insostenible. Reclaman atrasos en los pagos y valores desactualizados, lo que dificulta sostener la atención con normalidad. Frente a este escenario, comenzaron a restringir servicios como una medida para evitar mayores pérdidas económicas.
El conflicto no solo impacta en las instituciones, sino también en los profesionales de la salud, que denuncian demoras en los cobros y una caída en sus ingresos. Esto generó un clima de creciente tensión dentro del sistema.
Mientras tanto, la incertidumbre crece entre los afiliados. Muchos jubilados quedan a la espera de cirugías sin fecha definida, en un contexto donde la salud se vuelve cada vez más vulnerable.
La situación expone un problema estructural en el funcionamiento del PAMI, cuya crisis ya se traduce en un recorte efectivo de prestaciones médicas en distintas regiones del país.
