El pronunciamiento fue suscripto por autoridades de las áreas de Salud Mental y Consumos Problemáticos, junto a los Órganos de Revisión provinciales, quienes reafirmaron su “vocación de trabajo conjunto y federal para hacer frente a la grave crisis de salud mental que enfrentan nuestras comunidades”.
En el comunicado, los representantes ratificaron su respaldo a la Ley Nacional de Salud Mental 26.657 y a su proceso de implementación, al considerar que se trata de un marco normativo “adecuado y alineado con estándares internacionales”, en referencia a lineamientos de la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud.
Además, destacaron que la normativa vigente permite a cada jurisdicción desarrollar políticas y dispositivos de atención acordes a sus particularidades locales, tanto en el ámbito ambulatorio como en urgencias e internaciones, así como en estrategias de prevención.
El documento advierte sobre el contexto actual, marcado por un aumento sostenido de la demanda en salud mental, una mayor complejidad de los casos vinculada a factores sociales y una creciente presión sobre los sistemas públicos de atención. En ese sentido, señalaron que el subsector público es el principal sostén de la respuesta ante esta problemática.
Las autoridades provinciales sostuvieron que la ley vigente no representa un obstáculo para la atención, sino que los desafíos radican en la necesidad de incrementar la inversión y mejorar los estándares de calidad en los procesos de atención.
En otro tramo, subrayaron la importancia de garantizar la formación específica de recursos humanos como un aspecto clave para fortalecer el sistema. También remarcaron la necesidad de invertir en infraestructura sanitaria, políticas de medicamentos y ampliación de dispositivos de atención, destacando que el aporte del Estado nacional resulta fundamental para estos objetivos.
Finalmente, los firmantes plantearon la necesidad de reactivar el Consejo Federal de Salud Mental (COFESAMA) como ámbito de articulación entre jurisdicciones, y reclamaron que las provincias sean parte activa en cualquier discusión vinculada a la elaboración de normas y políticas públicas en salud mental dentro de un esquema federal.
