El Consejo Provincial de Discapacidad de La Pampa expresó su preocupación por el incumplimiento de la Ley de Emergencia en Discapacidad y por el nuevo proyecto enviado por el Poder Ejecutivo Nacional al Congreso, el cual —según indicaron— generó malestar en las provincias y en organismos vinculados a la temática.
El organismo, presidido por el ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez, está integrado además por representantes de distintas áreas del Gobierno provincial y asociaciones civiles. Durante el encuentro, se analizó el impacto de las medidas impulsadas a nivel nacional y se rechazaron las modificaciones propuestas.
Álvarez informó sobre las reuniones mantenidas con funcionarios y destacó que el nuevo proyecto no fue consultado con organismos estatales ni con entidades de la sociedad civil vinculadas a la discapacidad.
Por su parte, el director de Discapacidad de la provincia, Iván Poggio, sostuvo que “con este proyecto se intenta directamente criminalizar a la discapacidad, donde pareciera que cada persona beneficiaria de una pensión fuera un delincuente”.
En ese sentido, también advirtió sobre posibles cambios en el nomenclador de prestaciones, señalando que podría afectar la cobertura de servicios. “Cada obra social pagará lo que considere, lo que podría dejar a muchas personas con discapacidad sin atención adecuada”, indicó.
Además, Poggio mencionó que en los últimos años se registraron auditorías que calificó como “sin sentido”, junto con denuncias de malos tratos y cuestionamientos al veto de la ley, previamente aprobada en reiteradas oportunidades por el Congreso.
Durante la reunión también se abordaron otros temas vinculados a la inclusión, como capacitaciones, asesoramiento jurídico para personas con discapacidad, el desarrollo del deporte adaptado —incluida la participación pampeana en competencias recientes en Chubut—, las escuelitas deportivas del programa Pro Vida y la inauguración del Centro de Rehabilitación Infantil.
