Entre las medidas incluidas en la normativa se encuentra la realización obligatoria de una audiencia pública previa a la aprobación del Informe Ambiental Final y del plan de remediación y saneamiento del área, con el objetivo de analizar los pasivos ambientales generados tras décadas de explotación petrolera.
Además, se dispuso la creación de una Comisión Especial de Seguimiento y Control Institucional integrada por representantes de todos los bloques legislativos, junto con la presentación de informes mensuales a la Legislatura sobre la situación operativa, económica y ambiental durante el período de transición.
La legislación también prevé controles sobre la contratación de mano de obra y proveedores pampeanos, la incorporación de garantías y seguro ambiental durante toda la concesión y la implementación de un Data Room técnico y ambiental de acceso público con información actualizada del área.
Asimismo, se establecieron programas obligatorios de responsabilidad social empresaria, gestión ambiental y remediación de pasivos.
Durante el debate legislativo, la diputada provincial Gisela Cuadrado señaló que el tratamiento del proyecto debía contemplar no solo aspectos productivos y económicos, sino también herramientas vinculadas a la transparencia, el control y la participación ciudadana.
La legisladora también destacó la importancia de priorizar la contratación de trabajadores y PyMEs locales en las tareas de saneamiento y remediación ambiental vinculadas al área hidrocarburífera.
