La acción judicial fue impulsada por el gobernador Sergio Ziliotto a través de la Fiscalía de Estado provincial, encabezada por Romina Schmidt, con el patrocinio del constitucionalista Andrés Gil Domínguez. El reclamo apunta a que el 1% destinado al Fondo de Aportes del Tesoro Nacional sea incorporado automáticamente a la masa coparticipable y distribuido entre las provincias, tal como —según sostiene La Pampa— establece la Ley 23.548 de Coparticipación Federal.
Desde el Gobierno pampeano argumentaron que los ATN pertenecen a las provincias y que el Estado nacional debe distribuir esos recursos para atender emergencias y desequilibrios financieros. En la demanda se afirma que Nación “se ha apropiado en forma indebida de fondos que no le pertenecen”, omitiendo concretar la distribución prevista por la normativa vigente.
La Procuración General consideró que la causa corresponde a la competencia originaria de la Corte Suprema, por tratarse de un litigio entre una provincia y el Estado nacional. En línea con ese dictamen, los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti resolvieron avanzar con el expediente y dar traslado al Poder Ejecutivo nacional para que presente su postura.
Según datos difundidos por el Gobierno provincial, al momento de iniciarse la acción judicial Nación retenía cerca de 397 mil millones de pesos correspondientes a las provincias, mientras que las transferencias realizadas fueron consideradas insuficientes frente al total acumulado.
La decisión del máximo tribunal representa un paso clave en el reclamo pampeano y podría sentar un precedente importante en el debate sobre la distribución de fondos federales y el sistema de coparticipación en Argentina.
