La diputada provincial Gisela Cuadrado informó que fue notificada formalmente de la resolución emitida por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), en el marco de la denuncia que presentó por la situación de la funcionaria María Marta Viglino y su vinculación con la Fundación Wetrache.
Según el organismo de control, existió una situación incompatible desde el punto de vista de la ética pública y la transparencia institucional. En ese sentido, la resolución establece una serie de recomendaciones dirigidas tanto a la funcionaria involucrada como al Ministerio de Desarrollo Social y a la propia fundación.
Entre las medidas dispuestas, la FIA recomendó que la funcionaria se abstenga de intervenir en actuaciones vinculadas a organizaciones conveniadas con el Estado provincial. Además, señaló la necesidad de implementar mecanismos preventivos para evitar futuros conflictos de intereses.
El organismo también remarcó la importancia de fortalecer los controles internos y garantizar mayor claridad en la relación entre el Estado y entidades que reciben fondos públicos.
“La resolución demuestra que la denuncia tenía fundamentos sólidos y confirma la importancia del control institucional para proteger la transparencia en el manejo de recursos públicos”, sostuvo Cuadrado.
La legisladora aclaró que desde el inicio el planteo no estuvo dirigido contra las organizaciones sociales ni contra las políticas vinculadas a la niñez y adolescencia, sino que tuvo como objetivo garantizar reglas claras, supervisión efectiva y resguardo de la confianza pública.
En el documento emitido, la FIA también destacó la necesidad de revisar incompatibilidades, funciones administrativas y mecanismos de control dentro de la estructura estatal, especialmente en áreas vinculadas a convenios y subsidios.
La denuncia impulsada por Cuadrado había sido presentada meses atrás y señalaba la posible incompatibilidad entre el cargo público de Viglino y su relación con la Fundación Wetrache, entidad que recibía convenios y fondos del Estado provincial. Para sustentar la presentación, la diputada incorporó documentación, antecedentes administrativos y resoluciones del Tribunal de Cuentas.
“Vamos a seguir trabajando con responsabilidad y firmeza para garantizar que cada recurso destinado a políticas sociales llegue efectivamente a quienes más lo necesitan, bajo criterios de legalidad, transparencia y ética pública”, concluyó.
