La decisión fue publicada a través de la Decisión Administrativa 20/2026 y generó una fuerte preocupación en distintos sectores educativos, especialmente en el ámbito universitario y docente.
Uno de los ajustes más importantes afecta al Plan Nacional de Alfabetización, que sufrió una reducción de más de $35.288 millones. El recorte golpea principalmente las transferencias destinadas a las provincias para el desarrollo de programas educativos.
Además, el Gobierno eliminó el Fondo de Compensación Salarial Docente, que contaba con una partida cercana a los $8.930 millones y tenía como objetivo equilibrar los salarios mínimos docentes entre las distintas jurisdicciones del país.
También hubo una importante poda en infraestructura escolar y equipamiento educativo, con una reducción superior a los $21.686 millones. A esto se suman más de $6.649 millones menos para programas de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas, afectando becas y otros programas de asistencia estudiantil.
En paralelo, la empresa estatal EDUC.AR S.A. dejó de recibir transferencias por alrededor de $48.000 millones, mientras que las universidades nacionales sufrieron una baja de $5.303 millones destinados a obras de infraestructura.
Entre las casas de estudio afectadas aparecen universidades como la de La Plata, General San Martín y Avellaneda, donde varias obras quedarían paralizadas.
La medida se conoció en medio de un clima de tensión con el sector universitario y en la previa de nuevas movilizaciones convocadas por docentes, estudiantes y autoridades académicas en reclamo de mayor financiamiento para el sistema educativo público.
