Desde la Provincia sostuvieron que la resolución judicial incurrió en un “error sustancial” al no abordar el caso desde una perspectiva ambiental ni aplicar principios clave del derecho ambiental, como el precautorio, el de prevención y el de no regresión. Además, remarcaron que la discusión involucra recursos estratégicos como el agua y la protección del ambiente para las generaciones futuras.
Uno de los principales cuestionamientos apunta al análisis del “peligro en la demora”. Según el planteo pampeano, el riesgo no reside únicamente en un daño ambiental ya consumado, sino también en la posibilidad de que se habiliten actividades o autorizaciones bajo estándares de protección ambiental más débiles que los vigentes hasta ahora.
La apelación también advierte que, si no se adoptan medidas preventivas, podrían generarse daños difíciles o imposibles de revertir antes de que exista una sentencia definitiva. En ese sentido, cuestionaron que la Justicia exija acreditar un perjuicio inmediato y plenamente individualizado para intervenir.
El reclamo judicial busca suspender la aplicación de la reforma, impedir actos administrativos basados en el nuevo régimen y mantener vigente el sistema de protección establecido por la Ley 26.639 hasta que se resuelva la cuestión de fondo.
La polémica gira en torno a los cambios impulsados sobre la Ley de Glaciares, que según sectores ambientales reducirían las áreas protegidas y ampliarían la discrecionalidad para habilitar actividades productivas en zonas periglaciares.
