Según consta en la resolución, la agente fue considerada responsable de una falta encuadrada en el artículo 58 inciso 15 de la normativa policial vigente, a raíz de la desaparición de una pistola reglamentaria FM Hi Power calibre 9 milímetros, junto con su cargador.
Tras la intervención de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, el expediente fue remitido al Tribunal de Cuentas, que solicitó a la División Logística de la Policía la valuación actualizada del arma. El organismo determinó que el perjuicio patrimonial ocasionado al Estado asciende a $755.000, informó La Arena.
A partir de esa estimación se abrió un Juicio de Responsabilidad y se convocó a la efectiva policial a una audiencia para que ejerciera su derecho de defensa respecto del monto reclamado.
Durante la comparecencia, la mujer aceptó la cifra establecida por el organismo de control y solicitó la posibilidad de abonarla en diez cuotas mensuales, iguales y consecutivas de 75.500 pesos, mediante descuentos directos de sus haberes a través de la Contaduría General de la Provincia.
La Jefatura de Juicios de Responsabilidad recomendó formalizar el cargo por el total del perjuicio económico, criterio que fue avalado por el Tribunal de Cuentas. Considerando el carácter alimentario del salario de la agente, se autorizó el plan de pagos solicitado.
Con esta decisión, el organismo dio por concluido el juicio de responsabilidad, quedando establecido el recupero de los fondos por parte del Estado provincial mediante los descuentos mensuales acordados.
