Durante la reunión participaron Juan Cruz Cabral, director del Distrito 5 de la Sociedad Rural Argentina, y Albino Cao, delegado de la entidad, quienes coincidieron en respaldar la necesidad de actualizar los parámetros de las unidades económicas rurales, aunque expresaron reparos respecto de algunos aspectos de las iniciativas en debate.
Uno de los principales cuestionamientos estuvo vinculado a la temporalidad de las modificaciones propuestas. Cabral sostuvo que no tiene sentido establecer un plazo limitado para una problemática que continuará en el tiempo y consideró que cualquier reforma debe pensarse con una mirada de largo plazo. En la misma línea, Cao afirmó que “hay que legislar para los próximos 20 años” y rechazó la incorporación de mecanismos transitorios.
Los representantes rurales también respaldaron la posibilidad de redefinir las unidades económicas agrarias, aunque plantearon que la ley debería fijar superficies mínimas concretas, siguiendo ejemplos de provincias como Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires. Además, coincidieron en que las excepciones deberían aplicarse únicamente a partidas ya existentes y a situaciones derivadas de sucesiones indivisas.
Otro de los puntos destacados fue la defensa de la infraestructura vial rural existente. La Sociedad Rural acompañó la idea de impedir la apertura de nuevos caminos vecinales como consecuencia de futuros fraccionamientos, exigiendo que las parcelas cuenten con acceso previo o servidumbres de paso legalmente establecidas.
Por su parte, el diputado Federico Ortiz defendió el proyecto impulsado junto a Carolina Giussi y explicó que la propuesta busca brindar una solución concreta a productores que actualmente se encuentran atrapados en condominios rurales que no pueden dividirse debido a las restricciones vigentes. Según sostuvo, la normativa actual ya no refleja la realidad productiva de la provincia y genera dificultades para el desarrollo de inversiones y la continuidad de explotaciones familiares.
Ortiz señaló además que el concepto tradicional de unidad económica agraria quedó desactualizado frente a los cambios tecnológicos, productivos y sociales registrados en las últimas décadas. En ese sentido, remarcó que la iniciativa contempla la posibilidad de fijar superficies mínimas o exigir estudios específicos para casos excepcionales.
Durante el debate también intervino el diputado Hipólito Altolaguirre, quien consideró necesario avanzar con una solución para los conflictos derivados de los condominios rurales, aunque advirtió que el desafío de fondo sigue siendo una reforma integral de la Ley 468. El legislador defendió la creación de un régimen excepcional y transitorio que permita resolver situaciones que afectan a miles de propietarios rurales pampeanos mientras se trabaja en una actualización más profunda de la normativa.
La discusión continuará en las próximas semanas con el objetivo de alcanzar consensos sobre una problemática que, según coincidieron legisladores y representantes del sector agropecuario, se extiende a distintas regiones de la provincia y requiere una solución legislativa de largo alcance.
