La decisión fue adoptada por la jueza Carina Mariana Ganuza, al resolver un expediente en el que un progenitor había apelado la prórroga de una medida que le prohibía el contacto con sus hijos. Si bien el recurso fue declarado abstracto porque la restricción ya había vencido, la magistrada dejó sentados criterios sobre este tipo de medidas.
En el fallo recordó que el propio Superior Tribunal de Justicia ya estableció que estas restricciones no pueden tener una duración ilimitada, ya que fueron concebidas como herramientas de protección urgentes y temporales.
La jueza remarcó que, si la situación requiere una evaluación más profunda, corresponde impulsar procesos específicos con mayor amplitud de debate y producción de pruebas, sin que ello implique necesariamente levantar las restricciones si aún resultan necesarias para proteger a los menores.
Además, Ganuza advirtió una falencia importante en el expediente: los hijos no fueron escuchados durante el proceso judicial. Señaló que, pese a la intervención de organismos especializados en niñez, violencia familiar y políticas de género durante una audiencia, no se dispuso una entrevista personal de los menores con la jueza ni con el equipo técnico del juzgado.
En ese sentido, sostuvo que garantizar el derecho de los niños a expresar su opinión era especialmente relevante en un proceso que lleva casi dos años y cuyo objetivo es determinar si corresponde o no reanudar el régimen de comunicación con su padre.
La magistrada concluyó que escuchar a los menores resulta una instancia necesaria para resguardar su interés superior y adoptar una decisión de fondo con mayores elementos de análisis.
