Según informó El Diario, un empresario de 40 años fue detenido este domingo por la mañana en su domicilio de Villa Mercedes, provincia de San Luis, en el marco de una investigación por una presunta estafa vinculada a la compra de agroquímicos por un monto cercano a los 130 millones de pesos, denunciada por la empresa agropecuaria FEDEA S.A., con sede en General Pico.
El procedimiento se realizó alrededor de las 10, tras un allanamiento dispuesto por la Justicia de San Luis a pedido de la Justicia pampeana. La medida fue impulsada mediante un exhorto solicitado por la jueza de Control en feria de General Pico, Jimena Cardoso, a requerimiento del fiscal adjunto Matías Juan, y autorizada por el juez de feria de Villa Mercedes, Matías Farinazzi.
El operativo estuvo a cargo de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional II, con colaboración del Departamento de Investigaciones (DDI) de Villa Mercedes.
Según se informó, el empresario será trasladado durante los próximos días a General Pico, donde se realizará la audiencia de formalización y se le comunicarán los cargos que se le imputan. La defensa estará a cargo del abogado Alejandro René Viano, de la localidad de Rancul.
Cómo se originó la causa
La investigación comenzó a fines de junio de este año, cuando FEDEA S.A., representada por el abogado Luis Tellería, presentó una denuncia penal por una presunta maniobra defraudatoria.
De acuerdo con la acusación, en octubre de 2024 el empresario adquirió una importante cantidad de agroquímicos a la firma piquense. Como forma de pago, ambas partes habrían acordado que la deuda sería cancelada a comienzos de 2025 mediante la entrega de granos de soja, compromiso que quedó plasmado en un convenio.
Ante el incumplimiento de ese acuerdo, en octubre de 2025 el acusado entregó un cheque electrónico (e-cheq) por el monto total de la deuda, emitido desde la cuenta de su empresa San Francisco SRL, radicada en Coronel Moldes, Córdoba.
Sin embargo, cuando el valor fue presentado al cobro en mayo de 2026, fue rechazado por falta de fondos.
La hipótesis de la Fiscalía
Para la Fiscalía, al momento de emitir el cheque el empresario ya atravesaba una situación económica comprometida y registraba antecedentes de cheques rechazados, por lo que habría sabido que no podría cumplir con la obligación asumida.
La investigación también sostiene que, pese a los reclamos de la empresa damnificada, el empresario no reemplazó el cheque, no efectuó pagos parciales ni restituyó la mercadería, elementos que la acusación considera compatibles con una posible maniobra defraudatoria.
Además, la causa incorpora otro aspecto relacionado con la situación patrimonial del imputado. Según la denuncia, durante la negociación habría manifestado contar con maquinaria agrícola y camionetas de importante valor a nombre de su empresa, bienes que servirían como garantía patrimonial.
No obstante, la Fiscalía sostiene que, luego de entregar el cheque rechazado, el empresario comenzó a desprenderse de esos activos, una conducta que interpreta como una posible maniobra destinada a colocarse en estado de insolvencia para dificultar eventuales embargos y el recupero de la deuda.
La responsabilidad penal del acusado deberá determinarse durante el proceso judicial que continuará en los próximos días en General Pico.
