El vocero presidencial, Adrián Ravier, quedó envuelto este martes en una nueva polémica luego de afirmar que el 39% de los estudiantes de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires (UBA) son extranjeros, un dato que fue rápidamente cuestionado por autoridades de la casa de estudios.
Durante su habitual conferencia de prensa, Ravier sostuvo que existe «un alto porcentaje de estudiantes en facultades de medicina que son extranjeros» y precisó que, en el caso de la UBA, ese porcentaje alcanza «prácticamente un 40%».
«Un 39% exacto es el dato que tengo ahora de la Universidad de Buenos Aires. Si es falso, lo revisaremos», expresó el funcionario.
En ese marco, argumentó que el Gobierno busca que las universidades nacionales tengan la posibilidad de cobrar aranceles a estudiantes extranjeros, respetando la autonomía universitaria.
«Estamos dedicando dinero a formar extranjeros que eventualmente se vuelven a sus países. Tenemos que cuidar el dinero de los argentinos para ayudar a los más humildes y generar posibilidades de estudio en las universidades públicas», afirmó.
Más tarde, Ravier ratificó su postura a través de la red social X, donde aseguró que el dato surge de estadísticas de la Subsecretaría de Políticas Universitarias de la Nación. Según esos registros, en la Facultad de Medicina de la UBA hay 16.462 estudiantes extranjeros sobre un total de 41.957 alumnos regulares, lo que representa el 39%.
Además, señaló que la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de La Plata tendría un 51% de estudiantes extranjeros.
Sin embargo, el vicepresidente de la UBA, Emiliano Yacobitti, rechazó la afirmación del vocero y difundió documentación de la propia universidad en la que sostiene que los estudiantes internacionales representan el 6,1% de la matrícula de la Facultad de Ciencias Médicas, muy por debajo del porcentaje mencionado por el Gobierno.
La diferencia entre ambas cifras reavivó el debate sobre la interpretación de las estadísticas y el proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo para que las universidades nacionales puedan decidir si cobran aranceles a estudiantes extranjeros.
