En el documento, las organizaciones sostienen que la iniciativa «atenta contra los sectores más vulnerables de la sociedad» y afirman que permitiría la venta de tierras a personas y empresas extranjeras sin límites, incluyendo cursos y espejos de agua, lo que —según expresan— representaría un riesgo para la soberanía nacional.
Además, el texto contiene fuertes cuestionamientos hacia quienes eventualmente acompañen la aprobación de la norma. Las entidades sindicales advierten que los legisladores que voten a favor podrían ser considerados responsables de facilitar la pérdida del control sobre el territorio nacional y mencionan el caso del exsenador Edgardo Kueider al señalar que sería difícil evitar sospechas sobre eventuales intereses económicos detrás de ese respaldo.
Las organizaciones también sostienen que el proyecto forma parte de un conjunto de medidas que incluyen modificaciones a la Ley de Glaciares, el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y el denominado «súper RIGI», las cuales, según afirman, están orientadas a facilitar la explotación y enajenación de bienes comunes bajo el argumento de atraer inversiones.
En relación con La Pampa, la carta advierte que los principales riesgos se concentrarían en los departamentos del oeste y sur provincial, debido a la existencia de grandes extensiones rurales con baja densidad poblacional y su cercanía con el río Colorado, además de la presencia de actividades hidrocarburíferas y la conexión con la Patagonia.
Finalmente, las centrales sindicales apelan a que los representantes pampeanos prioricen «la defensa de la patria y la soberanía nacional» por encima de cualquier interés partidario o ideológico y les solicitan que no acompañen la aprobación del proyecto, al considerar que sus consecuencias serían irreversibles para el futuro del país.
