La Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia informó que tomó intervención ante una situación detectada en General Pico que podría configurar una apropiación ilegal de un niño. El pequeño se encuentra actualmente al cuidado de un dispositivo estatal especializado.
Según detalló el organismo, la semana pasada tomó conocimiento de que una pareja habría recibido al niño de parte de su progenitora, presuntamente en un contexto de vulnerabilidad y a cambio de dinero.
A partir de la intervención del Organismo Municipal de Protección de Derechos, el pasado 3 de septiembre se realizó la correspondiente denuncia penal.
Ese mismo día, la pareja involucrada efectuó una presentación ante el Juzgado de Familia, Niñas, Niños y Adolescentes N.º 3 de General Pico con el propósito de regularizar judicialmente la situación.
El Juzgado rechazó la petición y dio inmediata intervención al Ministerio Público Fiscal ante la posible existencia de una conducta delictiva relacionada con la apropiación del niño y el aprovechamiento de una situación de vulnerabilidad.
Durante las actuaciones también se detectaron elementos que podrían indicar una modificación del nombre del pequeño mientras permanecía bajo el cuidado de la pareja. Esta circunstancia fue puesta en conocimiento de la Justicia por su posible vinculación con un delito contra la identidad.
Frente a la situación, las autoridades adoptaron de manera urgente la medida excepcional prevista por la normativa de protección integral de derechos. Actualmente, el niño permanece bajo cuidado y resguardo estatal.
Protección integral y respeto de los procedimientos legales
Desde la Subsecretaría remarcaron que la entrega directa de niñas y niños entre particulares, al margen de los procedimientos establecidos por la legislación vigente, no constituye una vía válida para determinar vínculos de filiación o adopción.
Además, advirtieron que estas acciones pueden configurar conductas delictivas que deben ser investigadas por la Justicia.
El organismo recordó que los procesos de adopción requieren necesariamente la intervención de las autoridades administrativas y judiciales competentes, además de la inscripción previa en el Registro Único de Aspirantes a Guarda con Fines Adoptivos.
Cualquier procedimiento realizado por fuera de las vías legalmente establecidas puede vulnerar derechos fundamentales, especialmente el derecho a la identidad y el interés superior del niño.
Finalmente, la Subsecretaría reiteró que la prioridad de las intervenciones estatales es garantizar la protección integral de los derechos de las infancias, con especial atención a las situaciones de vulnerabilidad y en estricto cumplimiento de las normas vigentes.
