La diputada provincial Gisela Cuadrado (UCR) presentó un proyecto de resolución para convocar a las autoridades de la Subsecretaría de Niñez, Adolescencia y Familia de La Pampa a la Comisión de Legislación Social y Salud Pública de la Cámara de Diputados.
La iniciativa plantea que los funcionarios concurran de manera presencial para brindar información y responder consultas de los legisladores sobre el funcionamiento de las políticas y programas provinciales destinados a la protección integral de niñas, niños y adolescentes.
Entre los principales aspectos, Cuadrado solicita conocer cómo se implementan las medidas excepcionales de protección, los dispositivos de cuidado alternativo, los procesos de revinculación familiar y el Programa de Familias de Contención, además de los criterios, protocolos y mecanismos utilizados para evaluar cada intervención y determinar su continuidad, modificación o finalización.
El proyecto requiere además información sobre la cantidad de niñas, niños y adolescentes que se encuentran actualmente alcanzados por medidas excepcionales, cuántos fueron separados de sus familias de origen y qué parámetros se utilizan para decidir la continuidad o el cese de esas disposiciones.
Revinculación y contacto con las familias
Otro de los puntos del pedido está relacionado con los procedimientos utilizados para iniciar, desarrollar, monitorear y finalizar los procesos de revinculación familiar.
Cuadrado solicita conocer cuáles son los mecanismos de revisión periódica, los tiempos promedio de duración de estos procesos y de qué manera se garantiza el contacto de niñas, niños y adolescentes con sus progenitores, familiares directos y otros referentes afectivos, siempre que ello resulte compatible con su interés superior.
También se pide información sobre la conformación, integración y disponibilidad de los equipos interdisciplinarios que intervienen en este tipo de situaciones.
Programa de Familias de Contención
Respecto del Programa de Familias de Contención, el proyecto busca conocer en detalle su funcionamiento, los protocolos de actuación y los criterios utilizados para determinar el ingreso, permanencia y egreso de niñas y niños.
Asimismo, se solicita precisar el marco normativo que regula el programa, su estructura orgánica y las facultades de funcionamiento.
La legisladora plantea además que se informe cómo se evalúa, documenta y pondera el vínculo afectivo que pueda haberse construido entre los niños y las familias de contención durante el período de acogimiento.
También pretende conocer qué procedimientos se utilizan para comunicar a las familias de origen y de contención aquellas decisiones administrativas que impliquen modificaciones importantes en la situación de una niña o un niño.
Seguimiento de las políticas públicas
La iniciativa se enmarca en una línea de trabajo que Cuadrado viene desarrollando desde 2024 vinculada al seguimiento y control de distintas políticas públicas provinciales.
Durante 2024 y 2025, la legisladora impulsó convocatorias a funcionarios y pedidos de documentación. Parte de ese trabajo derivó también en presentaciones ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA) relacionadas con el otorgamiento de subsidios a fundaciones.
En esta oportunidad, el objetivo señalado por la diputada es que las autoridades expliquen directamente ante la Legislatura cómo funciona el Sistema Provincial de Protección Integral y cuáles son los criterios, protocolos, recursos humanos y herramientas institucionales disponibles para garantizar los derechos de niñas, niños y adolescentes.
“No buscamos intervenir en decisiones judiciales ni expedirnos sobre casos particulares. Queremos que el Estado explique cómo funciona el sistema, qué criterios utiliza y cómo evalúa sus intervenciones cuando está en juego el derecho de un niño a mantener sus vínculos familiares y afectivos”, sostuvo Cuadrado.
La diputada remarcó que el pedido se encuentra dentro de las facultades legislativas de seguimiento, evaluación y control de las políticas públicas provinciales, y señaló que apunta a promover una mayor transparencia institucional.
“Cuando hablamos de niñez, el Estado tiene que poder explicar qué hace, cómo lo hace y con qué herramientas cuenta. El objetivo es fortalecer las políticas públicas y garantizar que el interés superior de niñas, niños y adolescentes sea realmente el criterio que guíe cada intervención”, concluyó.
