El Tribunal Oral Federal N.º 5 absolvió este lunes al exministro de Planificación Federal Julio De Vido en el juicio por la causa Sueños Compartidos. En tanto, condenó a los exfuncionarios José López y Abel Fatala y a los hermanos Sergio y Pablo Schoklender.
El veredicto fue dictado por los jueces Adriana Palliotti, Daniel Obligado y Adrián Grünberg en los tribunales federales de Comodoro Py.
José López, exsecretario de Obras Públicas, y Abel Fatala, exsubsecretario del área, fueron condenados a dos años y nueve meses de prisión condicional e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ambos fueron considerados coautores del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública.
Por su parte, Sergio Schoklender recibió una pena de dos años y ocho meses de prisión condicional, mientras que Pablo Schoklender fue condenado a dos años y cuatro meses. Los exapoderados de la Fundación Madres de Plaza de Mayo fueron considerados partícipes necesarios del mismo delito.
Además de De Vido, fueron absueltos el exfuncionario del Ministerio de Planificación Carlos Castellano; el exasesor Daniel Freidin; y los exfuncionarios provinciales de Santiago del Estero Daniel Nasif y Karina Nasif.
Las penas dispuestas fueron inferiores a las solicitadas por el fiscal Diego Velasco, quien había pedido seis años de prisión para De Vido, López, Fatala y los hermanos Schoklender, además de cuatro años para los restantes acusados.
El tribunal también dispuso, por mayoría, el decomiso de los bienes cautelados por un monto de $206.438.454,05, cifra determinada como el dinero desviado de los fondos destinados a la construcción de viviendas sociales. La suma deberá actualizarse cuando la sentencia quede firme.
Antes de comunicar el veredicto, los magistrados rechazaron los planteos presentados por las defensas relacionados con la prescripción de la acción penal, la duración del proceso y la nulidad de los alegatos de las partes acusadoras.
Los fundamentos de las condenas y absoluciones serán leídos durante una audiencia fijada para el 13 de noviembre, a las 17.
La investigación analizó el manejo de fondos públicos transferidos por el Estado nacional a la Fundación Madres de Plaza de Mayo para ejecutar viviendas sociales mediante el programa Sueños Compartidos. Según la acusación, entre 2005 y 2011 se registraron irregularidades, sobreprecios y obras realizadas sin procesos licitatorios.
