La Cámara de Diputados de La Pampa aprobó una modificación transitoria al régimen de fraccionamiento de inmuebles rurales, destinada a resolver situaciones de pequeños y medianos propietarios que comparten campos en condominio y no pueden dividirlos legalmente por las restricciones de la normativa vigente.
La iniciativa alcanzó el consenso de los bloques FREJUPA, PRO-MID y UCR. El diputado provincial Hipólito “Poli” Altolaguirre, autor de uno de los proyectos que dieron origen a la ley, destacó que la aprobación brinda una respuesta a un reclamo que lleva décadas.
“La política tiene sentido cuando resuelve problemas reales. Hoy estamos dando una respuesta concreta a cientos de familias pampeanas, reconociéndoles plenamente el derecho sobre su propiedad para que puedan seguir invirtiendo, produciendo y trabajando en nuestra tierra”, expresó durante la sesión.
El régimen general está establecido por la Ley Provincial 468, sancionada en 1973, que fija las superficies consideradas unidades económicas agrarias y condiciona la subdivisión de los predios rurales.
Con el paso de las generaciones, numerosos campos quedaron en manos de varios herederos bajo la figura del condominio. Aunque sus integrantes utilizaran o administraran sectores determinados, no podían individualizarlos formalmente si las parcelas resultantes quedaban por debajo de las dimensiones previstas por la legislación.
Según explicó Altolaguirre, esta situación dificultaba la disposición individual del patrimonio y afectaba la seguridad jurídica de pequeños y medianos propietarios.
La norma aprobada establece una excepción por cinco años, durante los cuales determinados inmuebles rurales en condominio podrán subdividirse por debajo de la unidad económica prevista en el régimen general.
La posibilidad estará sujeta a condiciones: las parcelas no podrán tener una superficie inferior al 10 % de las magnitudes base establecidas por la legislación provincial. También se requerirá la conformidad de todos los copropietarios, la confección de los planos de mensura y que cada fracción tenga acceso a caminos públicos o mediante una servidumbre de paso.
“Estamos creando una herramienta excepcional, con límites y por un período determinado, para solucionar situaciones que llevan décadas sin respuesta”, sostuvo el legislador.
La ley también contempla la creación del Observatorio de la Unidad Económica Agraria, un espacio técnico que analizará los resultados de la medida y trabajará sobre una futura actualización integral de las superficies previstas por la normativa.
Altolaguirre señaló que la solución transitoria debe acompañarse con una revisión de fondo de la Ley 468, cuyos parámetros fueron definidos en un contexto productivo diferente al actual.
“El campo cambió profundamente y necesitamos una normativa acorde con la realidad productiva de La Pampa”, afirmó.
El diputado radical valoró, además, la participación de entidades y profesionales vinculados con el sector durante el tratamiento legislativo. Remarcó que el objetivo es que las familias alcanzadas por la medida puedan individualizar sus propiedades y contar con mejores condiciones para decidir sobre ellas, invertir y continuar produciendo.
