El abogado y docente Alejandro Osio y la jueza María Antonella Marchisio encabezaron en el Centro Judicial de Santa Rosa una jornada de capacitación sobre el nuevo Régimen Penal Juvenil establecido por la ley nacional 27.801.
La actividad estuvo destinada a operadores judiciales y contó con la presencia de autoridades del Poder Judicial, representantes de entidades profesionales y legisladores. Además, alrededor de 120 personas participaron de manera virtual desde distintas provincias del país.
Durante su exposición, Osio remarcó que el nuevo régimen establece disposiciones vinculadas con las penas, las condiciones de punibilidad y la extinción de la acción penal, pero deja en manos de las provincias la regulación de los procedimientos judiciales.
En ese marco, destacó la experiencia de La Pampa, donde desde el 1 de agosto de 2023 se encuentra vigente el Procedimiento Penal para Adolescentes, establecido mediante la ley provincial 3353.
La normativa pampeana tiene como uno de sus principales ejes la justicia restaurativa, un modelo que busca que el adolescente comprenda las consecuencias de sus actos, asuma responsabilidades y participe en procesos destinados a reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad.
Tras la aprobación de la legislación nacional, la Provincia debió realizar adecuaciones a determinados artículos de la ley 3353 y de la Ley Orgánica del Poder Judicial.
“Un cambio de paradigma”
Osio sostuvo que el nuevo marco jurídico representa “un cambio de paradigma” al avanzar desde un modelo tutelar hacia otro basado en la responsabilidad individual de los adolescentes.
También destacó la importancia del derecho de los jóvenes a ser escuchados y comprendidos durante todo el proceso judicial.
“La primera charla que se tiene con un pibe es de traducción, sea imputado, víctima o testigo. Hay que saber explicarle de qué se trata, qué va a pasar, y no hacerlo desde el adultocentrismo”, señaló.
El especialista explicó que el lenguaje y las formas de intervención deben adaptarse a las características y edades de cada adolescente.
“La lógica del derecho penal juvenil es educativa y no adultocéntrica”, afirmó, y sostuvo que no puede abordarse de la misma manera la situación de un adolescente de 14 años que la de uno de 17.
En ese sentido, Osio señaló que “el 70 por ciento de los adultos que pasan por el sistema penal para adultos antes ya había pasado por el sistema penal juvenil”, dato que utilizó para remarcar la necesidad de fortalecer las herramientas de reinserción.
“Trabajar con los adolescentes es ir al territorio, comunicar diferente, hablar con la persona, con su familia y con el barrio. Si queremos cambiar y realmente resocializarlo, pero seguimos mandando una cédula para notificar una resolución, no sirve de nada”, expresó.
El abogado también mencionó que la ley nacional prevé asignaciones presupuestarias para su implementación, que incluyen incorporación de personal, equipos interdisciplinarios e institutos de detención especializados.
“El sistema no apunta a castigar”
Por su parte, Marchisio, actualmente jueza sustituta del Tribunal de Impugnación Penal, destacó el marco normativo existente en La Pampa y sostuvo que la provincia cuenta con “una ley modelo” en materia penal juvenil.
“El sistema penal juvenil no apunta a castigar, sino a resocializar, a que el adolescente se haga responsable y pueda reintegrarse a la sociedad”, afirmó.
La magistrada señaló que para trabajar sobre la reinserción social es fundamental conocer el contexto familiar, social y comunitario de cada joven.
“Desde la primera entrevista tenemos que buscar su traje a medida. Saber qué necesita y cuál es la mejor solución para cada caso”, indicó.
Marchisio también se refirió a los debates jurídicos generados a partir de la aplicación del nuevo régimen nacional y consideró necesario que el Ministerio Público Fiscal establezca criterios claros de política criminal.
Como ejemplo mencionó la experiencia de Entre Ríos, donde la Procuración General aprobó un protocolo específico para la actuación penal juvenil, diferenciando intervenciones según las edades y promoviendo la aplicación de criterios de oportunidad en determinados delitos.
El encuentro permitió analizar los principales cambios introducidos por la legislación nacional y los desafíos que deberán afrontar las distintas jurisdicciones para adecuar sus sistemas judiciales, con el objetivo de garantizar un abordaje específico para adolescentes en conflicto con la ley penal.
