El diputado provincial Julián “Pancho” Aguilar, de la Unión Cívica Radical (UCR), presentó un proyecto de ley para crear en La Pampa el protocolo de prevención y asistencia “Preguntá por Ángela”, una herramienta destinada a facilitar pedidos de ayuda en bares, boliches, fiestas, espectáculos públicos y establecimientos de alojamiento.
La propuesta busca ofrecer una respuesta rápida y discreta a quienes atraviesen situaciones de acoso, amenazas, violencia o cualquier circunstancia que ponga en riesgo su seguridad.
El sistema estará disponible para todas las personas, independientemente de su género, edad o condición, aunque contempla especialmente las situaciones de violencia que afectan a las mujeres.
¿Cómo funcionaría la frase clave?
El mecanismo propuesto es sencillo. Una persona que se sienta amenazada o incómoda podrá acercarse a un empleado del establecimiento y preguntar por “Ángela”.
Esa expresión funcionará como una señal de auxilio, que permitirá al personal identificar la situación y activar un procedimiento de asistencia sin necesidad de que la persona afectada explique públicamente lo que está ocurriendo.
De esta manera, quien solicite ayuda no tendrá que identificar delante de otras personas al presunto agresor ni demostrar que sufrió una agresión.
Sin embargo, el proyecto aclara que no será obligatorio utilizar la frase exacta. El protocolo también deberá activarse cuando alguien solicite protección de otra manera, un tercero advierta una situación de riesgo o los trabajadores detecten circunstancias preocupantes.
Espacios seguros y asistencia inmediata
Una vez recibido el pedido de ayuda, el personal deberá mantener la calma, escuchar a la persona afectada y comunicar la situación al responsable capacitado para intervenir.
Posteriormente, deberá ofrecerse un espacio seguro, alejado de quien haya sido señalado como presunto agresor, para evitar una mayor exposición.
También se deberá consultar si la persona desea permanecer en el establecimiento o retirarse. Con su consentimiento, podrán facilitarse comunicaciones con familiares o personas de confianza y gestionar un medio de transporte para garantizar una salida segura.
En situaciones de emergencia médica, pérdida de conocimiento, lesiones o dificultades respiratorias, se solicitará asistencia sanitaria inmediata. Cuando exista un peligro grave o una agresión en curso, deberá intervenir la fuerza de seguridad correspondiente.
El proyecto contempla además los casos de sospecha de sumisión química, cuando una persona podría haber sido afectada por sustancias que alteren su conciencia o capacidad de reacción.
En todos los casos, la asistencia deberá preservar la intimidad de la persona afectada y evitar interrogatorios innecesarios.
¿Dónde sería obligatorio?
De aprobarse la iniciativa, el protocolo tendría aplicación obligatoria en bares, pubs, discotecas, boliches y otros espacios de recreación nocturna.
También alcanzaría a salones de fiestas, eventos sociales, festivales, espectáculos públicos, hoteles y alojamientos transitorios.
Los responsables de estos establecimientos deberán informar al personal sobre el procedimiento, colocar cartelería visible que explique cómo solicitar asistencia y disponer de contactos actualizados de los servicios de emergencia.
Capacitaciones gratuitas y obligatorias
Uno de los aspectos centrales del proyecto es la formación de los trabajadores para que sepan cómo actuar ante situaciones de riesgo.
La Secretaría de la Mujer, Géneros y Diversidad de La Pampa, propuesta como autoridad de aplicación, deberá ofrecer capacitaciones gratuitas, tanto presenciales como virtuales, destinadas a propietarios, organizadores y personal de atención al público y seguridad.
La capacitación será obligatoria para quienes tengan la responsabilidad de activar el protocolo.
El objetivo es evitar intervenciones improvisadas que puedan agravar la situación y garantizar que el personal esté preparado para proteger y acompañar a quienes necesiten ayuda.
Multas de hasta 50 salarios mínimos
La iniciativa también incorpora mecanismos de fiscalización y sanciones para los establecimientos que incumplan sus obligaciones.
Las penalidades previstas incluyen apercibimientos y multas de entre cinco y cincuenta salarios mínimos, vitales y móviles, dependiendo de la gravedad de la infracción y del riesgo generado.
No obstante, el proyecto establece que la sola ocurrencia de un episodio de violencia no será motivo de sanción si el establecimiento cumplió correctamente con sus obligaciones de prevención y asistencia.
Asimismo, propone crear el reconocimiento “Espacio comprometido con tu seguridad – Preguntá por Ángela”, destinado a los lugares que acrediten el cumplimiento de los requisitos establecidos.
Una herramienta de prevención
La propuesta impulsada por Aguilar apunta a incorporar un mecanismo de protección en espacios donde una persona puede encontrarse en una situación de vulnerabilidad y tener dificultades para solicitar auxilio de manera directa.
Con una frase sencilla y procedimientos previamente establecidos, se busca facilitar una intervención rápida, resguardar a quienes atraviesen situaciones de riesgo y garantizar el acceso a la asistencia necesaria.
El proyecto deberá avanzar en su tratamiento legislativo para que el protocolo pueda convertirse en una obligación para los establecimientos alcanzados en La Pampa.
