La Cámara de Diputados de la Nación aprobó este miércoles 21 de octubre el proyecto de ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional que incluye la restitución de la Ley de Tierras Rurales, sancionada en 2011 durante la presidencia de Cristina Fernández de Kirchner.
La votación en general terminó con 124 votos afirmativos, 119 negativos y seis abstenciones, mientras que el capítulo específico referido a la Ley de Tierras obtuvo un respaldo considerablemente más amplio: 239 votos a favor, cuatro en contra y seis abstenciones.
La iniciativa contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza, el PRO, la UCR y otros bloques aliados, aunque distintos sectores de la oposición también respaldaron particularmente la restitución de la normativa sobre tierras rurales.
El texto deberá regresar al Senado, que tendrá que pronunciarse sobre las modificaciones incorporadas por la Cámara baja.
Qué establece la Ley de Tierras
Uno de los puntos centrales del proyecto es el restablecimiento de la Ley 26.737, que regula la titularidad de tierras rurales por parte de personas físicas y jurídicas extranjeras.
La legislación establece un límite del 15% de tierras rurales en manos extranjeras, tanto a nivel nacional como provincial y municipal. También determina que los propietarios de una misma nacionalidad extranjera no pueden superar el 30% de ese cupo y fija un máximo de 1.000 hectáreas por titular en la zona núcleo del país, o su superficie equivalente en otras regiones.
La restitución de esta normativa representa una modificación respecto de la posición inicial del Gobierno de Javier Milei, que había impulsado su derogación mediante el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023.
Durante el tratamiento en comisiones, se incorporaron dos artículos destinados a dejar sin efecto esa disposición del decreto y restablecer expresamente la legislación de 2011.
Cambios en expropiaciones y desalojos
Además de la cuestión vinculada con las tierras rurales, el proyecto contempla modificaciones en otras áreas relacionadas con el derecho de propiedad.
Entre ellas se encuentran reformas a la legislación sobre expropiaciones, con nuevas restricciones a las facultades estatales para declarar bienes de utilidad pública, y cambios en los procedimientos judiciales de desalojo.
Estas últimas disposiciones buscan acelerar la restitución de inmuebles ocupados irregularmente, mediante la reducción de los tiempos procesales.
Un debate con diferencias entre oficialismo y oposición
Durante la sesión, el diputado Santiago Santurio, de La Libertad Avanza, defendió la iniciativa al considerar que permitirá fortalecer las garantías vinculadas con el derecho de propiedad y brindar mayor seguridad jurídica.
Desde Unión por la Patria, Diego Giuliano cuestionó la posición inicial del oficialismo respecto de la Ley de Tierras y destacó que el Gobierno terminara incorporando nuevamente la normativa sancionada en 2011.
También hubo cuestionamientos de legisladores de Provincias Unidas, la Coalición Cívica y el Frente de Izquierda, particularmente sobre los alcances de las reformas y sus posibles consecuencias.
La importancia de la normativa para las provincias
La regulación de la propiedad rural tiene especial relevancia para provincias con una importante superficie destinada a actividades agropecuarias, como La Pampa.
Las disposiciones sobre titularidad extranjera, límites de superficie y adquisición de inmuebles rurales forman parte de un marco normativo que alcanza a los campos y establecimientos productivos de todo el territorio nacional.
El proyecto todavía no es ley. Tras la aprobación de este miércoles en Diputados, deberá ser considerado nuevamente por el Senado, que tendrá que resolver sobre los cambios introducidos antes de que pueda completarse su sanción legislativa.
