Contemplamos con enorme preocupación la amenaza a las instituciones democráticas y al normal funcionamiento del estado que supone la protesta policial que se ha desencadenado durante las últimas horas y que ha llevado a un grupo de manifestantes a apostar sus patrulleros frente a la Quinta Presidencial.
Aunque reconocemos que el reclamo salarial es justo, estamos convencidos de que no es extorsionando desde una fuerza armada a un gobierno democrático como se debe llevar a cabo una protesta. Los argentinos hemos sufrido a lo largo de nuestra historia consecuencias terribles cuando los sectores armados se impusieron por encima de la voluntad popular y de la convivencia pacífica entre nuestros compatriotas.
La Constitución Nacional otorga a las fuerzas de seguridad las armas para que cuide a los ciudadanos, no para que se manifieste contra sus legítimas autoridades. Y este es un límite que no se puede traspasar bajo ningún concepto.
La gravedad de los acontecimientos exige que el estado de derecho actúe para determinar las responsabilidades de quienes han incentivado esta forma de protesta así como otras expresiones antidemocráticas que se ha oído en estos días, aprovechándose miserablemente de un contexto en el que la pandemia ha puesto al conjunto del país en una situación extremadamente complicada.
Desde 1.983 hasta hoy el pueblo argentino ha demostrado que puede convivir de forma pacífica con gobiernos de diferentes signos políticos sin tener que recurrir a la fuerza armada para dirimir sus diferencias. Hace ya 37 años que dijimos ¡Nunca más! Y ese mandato es un patrimonio de todos.
Por los motivos expuestos, es que solicitamos a los legisladores y las legisladoras la aprobación del presente proyecto de resolución.-
