En un trabajo conjunto entre la sociedad civil y el Estado (poderes legislativo, ejecutivo y judicial), que fue reconocido y valorado por todo el arco político durante la exposición de fundamentos dentro del recinto, al momento de la sanción de ésta ley, la cual logró concretarse tras un año de estudios y análisis correspondientes.
La Pampa presentó ciertas condiciones favorables de índole institucional, que facilitaron previamente su puesta en marcha, llamando la atención a nivel nacional de muchas organizaciones civiles ocupadas en la materia, por la celeridad y efectividad concreta de su tratamiento legislativo. En primer lugar, nuestra provincia posee una Subsecretaría de Derechos Humanos, espacio natural para la posterior aplicación y puesta en funcionamiento de la norma. Además, la existencia de un laboratorio de análisis genético dentro de la ciudad judicial de la capital pampeana, fue otro importantísimo requisito para la viabilidad efectiva de la ley, ya que uno de sus objetivos básicos es la realización de exámenes de ADN y el archivo de dichas muestras para la conformación de un Banco de Datos Genéticos, clave para la búsqueda de sus destinatarios.
En materia de trabajo legislativo, también se consideraron los estudios comparativos pertinentes con las otras ocho provincias argentinas que ya poseen la ley. De todas ellas se tomó lo mejor de cada una, adaptándosela a las condiciones antes mencionadas de La Pampa. De igual modo, se incorporaron los aportes de los grupos civiles de «buscadores» (nombre con el cual se identifican las personas que se encuentran, desde las redes sociales, colaborando en dicho sentido, para sí mismas y para los demás), como fue el caso de «Esperanza Pampeana» y «Buscadores de Origen» de la ciudad de General Pico.
El aporte de ésta ley provincial, pronta a ser promulgada por el Gobernador Sergio Ziliotto, será complementario a lo prescripto por Ley Nacional 25.457, particularmente a lo desarrollado por el Programa Nacional sobre el Derecho a la Identidad Biológica, dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación (Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad – CONADI).
Desde el punto de vista social, esta ley pone en evidencia que las apropiaciones de personas, eran una práctica cultural y generalizada desde siempre en nuestro país, sin ser exclusivas de gobiernos dictatoriales. La entrega de hijos para ser criados por otras familias, se reitera en los relatos de muchos y muchas buscadoras. Del mismo modo, muchas madres primerizas y casi adolescentes fueron engañadas acerca de un supuesto fallecimiento de sus bebés al nacer, con existencia de tumbas vacías en diversos cementerios a los cuales recurrieron con posterioridad, tras dudas y datos revelados por terceros.
Una red de complicidades entre médicos, parteras y enfermeras, dieron sustento a ésta práctica ilegal durante muchos años, cuando los delitos de lesa humanidad no estaban contemplados como tal por el Estado nacional. Si a eso le sumamos los pactos de silencio y complicidad sostenidos en el tiempo por parte de esos profesionales y trabajadores de la salud, para ocultar la verdad de origen de quienes fueron víctimas de un delito aberrante, las dificultades para acceder a ese derecho humano inalienable se multiplicaron hasta el punto de «bajar los brazos» y resignarse a luchar para alcanzar esa verdad negada.
Hoy la provincia de La Pampa es más justa en términos de avances sobre derechos adquiridos, institucionalmente garantizados para el beneficio directo de todos y todas; porque un derecho ganado es una injusticia que ha sido vencida.-
*Prof. Silvio J. Arias – Asesor Legislativo (Bloque FREJUPA) – Cámara de Diputados de La Pampa.-
FOTO: (de izquierda a derecha) Silvio Arias, Pamela Guerra, Valeria Luján, María Elena Fuentes, Juan Alduncin.-
