La Federación del Personal de Vialidad Nacional encendió la alarma por el profundo deterioro de la red vial argentina. Según la entidad, 30.000 de los 40.000 kilómetros de rutas del país necesitan mantenimiento, con un 65% a 70% en estado “entre regular y malo”, una situación que compromete la seguridad vial y la transitabilidad en todo el territorio.
El secretario gremial, Fabián Catanzaro, expresó una “profunda preocupación” por el estado de parálisis y vaciamiento que —según denunció— atraviesa el organismo como consecuencia de la política de “obra pública cero” impulsada por el Gobierno nacional.
“Emergencia vial” en todo el país
En declaraciones a Splendid AM 990, Catanzaro sostuvo que, si bien se evitó la disolución de Vialidad Nacional, “el proceso de vaciamiento continúa”. Afirmó que la situación afecta tanto a la infraestructura como al personal: salarios congelados, condiciones de trabajo deterioradas y un protocolo disciplinario que, según explicó, “quita el derecho de defensa” y generó la pérdida de casi el 20% del plantel por renuncias, jubilaciones y despidos.
El gremialista alertó que se está perdiendo a trabajadores “altamente calificados”, lo que debilita la capacidad operativa del organismo.
Críticas al esquema de concesiones
Catanzaro también cuestionó la segunda etapa del proceso de privatización de rutas, calificando el sistema como un “negocio financiero” para las empresas adjudicatarias.
Sostuvo que, aunque se licita como inversión privada, las compañías reciben financiamiento estatal mediante créditos del Banco BICE con una tasa preferencial del 2% y dos años de gracia, sin asumir riesgos empresariales reales.
Según su análisis, bajo este esquema muchas concesionarias —incluidas las de la Ruta 14 y la Ruta 12, conocidas como la ruta del Mercosur— solo realizarán tareas mínimas: “bacheo y dos repavimentaciones en 20 años”, lo que no contribuirá a mejorar la infraestructura.
El riesgo económico de la falta de mantenimiento
Para Catanzaro, la paralización de obras no solo deteriora las rutas, sino que genera un impacto financiero severo:
“Cuando no se mantiene, luego rehabilitar cuesta entre tres y cinco veces más.”
También advirtió que desarticular a Vialidad implica eliminar la posibilidad de demostrar que la obra pública puede ejecutarse con costos más bajos y sin intermediaciones.
Rutas más críticas: La Pampa entre los puntos señalados
La crisis en la red vial generó reclamos de gobernadores e intendentes de todo el país. Catanzaro confirmó que mantienen contacto permanente con autoridades provinciales que exigen retomar obras paralizadas y garantizar condiciones mínimas de transitabilidad.
Entre las rutas que presentan un estado más grave, mencionó:
- Ruta Nacional 151 (La Pampa) —clave para la conexión con el Alto Valle.
- Ruta 3 (al sur de Bahía Blanca).
- Ruta 23.
- Rutas 9 y 34 (región del NOA).
- Rutas 7 y 8, fuera del conurbano bonaerense.
El dirigente recordó que existe una obligación legal de mantener la infraestructura, razón por la que se multiplicaron los amparos judiciales que, en la mayoría de los casos, fallan a favor de los demandantes.
