Ana Laura Pizzani presentó y leyó este jueves ante la Cámara de Diputados de La Pampa un extenso petitorio relacionado con el caso del bebé de Rancul. La presentación fue realizada junto a Joaquín Díaz y contó con el acompañamiento de una importante cantidad de familiares, amigos y público en general que se acercó al recinto para respaldar a la familia.
El documento fue dirigido a la presidenta de la Cámara de Diputados, la vicegobernadora Alicia Mayoral, y a los presidentes de los bloques legislativos. En la presentación, Pizzani y Díaz solicitaron la intervención institucional del cuerpo ante las presuntas irregularidades que, según sostienen, se habrían producido durante la actuación del sistema provincial de protección de niñas, niños y adolescentes.
La familia aclaró que no pretende que el poder político determine quién debe ejercer la guarda del niño ni quién debe adoptarlo. El planteo apunta a que la Legislatura examine el funcionamiento de los organismos públicos involucrados y determine si se respetaron los procedimientos, controles y garantías correspondientes.
Uno de los pedidos centrales consiste en que la Dirección General de Niñez, Adolescencia y Familia informe dónde se encuentra actualmente el niño identificado con las iniciales J.B.D., desde qué fecha, bajo qué condiciones y en virtud de qué acto administrativo o judicial.
Pizzani y Díaz también solicitaron que se investigue el funcionamiento integral del sistema provincial de protección de la niñez y que se revisen los protocolos de ingreso, permanencia, egreso y transición de los menores alojados en familias de contención.
Solicitaron evaluar responsabilidades
En el petitorio pidieron que, luego de analizar los hechos y la documentación presentada, la Cámara evalúe solicitar las renuncias del director general de Niñez, Adolescencia y Familia, Rodrigo Lofvall; del subsecretario del área, Juan Pablo Bonino; del asesor legal que intervino en el procedimiento; de la defensora de Niñas, Niños y Adolescentes, Sofía Pérez Dupont; y del ministro de Desarrollo Social y Derechos Humanos, Diego Álvarez.
También reclamaron la apertura de un sumario administrativo y el apartamiento preventivo de los funcionarios y agentes involucrados mientras se desarrolle la investigación. Estos planteos fueron formulados por la familia y deberán ser evaluados por las autoridades competentes.
Respecto de la jueza Ana Clara Pérez Ballester, solicitaron que la Legislatura analice si las actuaciones denunciadas podrían configurar una causal de mal desempeño y, en ese caso, considere remitir los antecedentes al Jurado de Enjuiciamiento. En el mismo documento aclararon que no buscan interferir en las causas judiciales ni cuestionar una resolución únicamente por su contenido.
Reclamo por el sistema de Familias de Contención
Otro de los puntos del petitorio apunta a determinar cuál es la normativa vigente en La Pampa que impediría que una familia de contención pueda ser evaluada posteriormente como posible familia adoptiva del niño que tuvo bajo su cuidado.
La presentación solicita que, si esa prohibición existe, se informe cuál es la ley, decreto, resolución o protocolo que la establece. En caso contrario, plantearon la necesidad de que la Legislatura debata una regulación provincial clara sobre los derechos, obligaciones, incompatibilidades y garantías de las familias de contención.
Finalmente, Pizzani y Díaz pidieron que el petitorio reciba tratamiento urgente, que se realice un seguimiento institucional de las medidas adoptadas y que se les conceda una audiencia para ampliar personalmente lo expuesto.
