La propuesta legislativa fue promovida por los diputados Hipólito Altolaguirre, Sergio Pregno y Gisela Cuadrado (UCR), junto a Noelia Viara y Celeste Rivas (PRO), y Sandra Fonseca y Maximiliano Aliaga (Comunidad Organizada). Su objetivo es implementar controles anuales de detección de sustancias ilegales en todos los funcionarios de los tres poderes del Estado, como condición para el acceso y la permanencia en los niveles jerárquicos y políticos de la administración pública.
Según se fundamenta, la iniciativa busca consolidar una política de Estado firme y transparente en la lucha contra el narcotráfico, garantizando que quienes ejercen cargos públicos mantengan plena idoneidad, responsabilidad y ejemplaridad ante la sociedad.
Gómez y Bazán remarcaron que la medida fortalece la confianza ciudadana en las instituciones y promueve la coherencia ética de quienes toman decisiones que impactan directamente en la vida de los pampeanos.
«Los funcionarios deben ser agentes de cambio, comprometidos con la transparencia, la honestidad y la lucha real contra el narcotráfico», expresaron los ediles radicales.
