El fallo fue dictado por el juez de control Néstor Daniel Ralli, quien homologó un acuerdo de juicio abreviado presentado por la fiscala Natalia Verónica Urruti, el defensor particular Simón Barreto y la propia imputada, Gisela A., quien reconoció los hechos.
Cómo operaba la acusada
La investigación determinó que la mujer realizó consumos no autorizados utilizando las tarjetas de dos víctimas:
- Una adulta mayor de 80 años, a quien asistía durante su internación domiciliaria.
- Otra mujer con la que convivía.
Entre febrero y marzo, la imputada usó la tarjeta de crédito y débito de esta última para concretar 12 compras por un total de 454.650 pesos en comercios locales y plataformas digitales.
Meses después, entre septiembre y octubre, registró una operatoria aún más extensa: vinculó la tarjeta Mastercard de la mujer de 80 años a su cuenta de Mercado Pago, efectuando 242 consumos por 2.141.335 pesos. También cargó los datos de la tarjeta Visa de la víctima al usuario “Gisellalde”, realizando 32 operaciones adicionales por 257.195 pesos.
En total, las maniobras fraudulentas sumaron 2.853.180 pesos.
La condena
La imputada fue considerada autora de estafas reiteradas mediante el uso de tarjetas de crédito previamente sustraídas, configuradas como delitos continuados. Recibió una pena de ejecución condicional y deberá cumplir pautas durante tres años, entre ellas:
- Fijar domicilio estable.
- Someterse al control de la Unidad de Abordaje, Supervisión y Orientación para personas en conflicto con la ley penal.
- No contactar a las víctimas por ningún medio.
Además, deberá resarcir económicamente a ambas damnificadas:
- 2.398.530 pesos para la mujer de 80 años.
- 454.650 pesos para la segunda víctima.
Los montos deberán devolverse en un plazo de nueve meses una vez que el fallo quede firme, mediante cuentas bancarias que habilitará la fiscalía.
La acusada estuvo detenida por un mes tras la denuncia inicial, y recuperó la libertad al formalizarse el acuerdo de juicio abreviado, mecanismo que impide a los jueces imponer penas más severas que las solicitadas por el Ministerio Público Fiscal.
