Durante el acto central realizado en Plaza de Mayo, estudiantes, docentes, investigadores y trabajadores no docentes difundieron un documento consensuado en el que denunciaron el “incumplimiento” de la Ley de Financiamiento Universitario y reclamaron la inmediata aplicación de la norma aprobada por el Congreso.
La movilización fue impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Frente Sindical de las Universidades Nacionales, con marchas simultáneas en casi 50 ciudades del país.
En el documento leído durante el cierre de la protesta, las universidades advirtieron sobre un “desprecio institucional sin precedentes” y remarcaron que ya pasaron más de 200 días sin que el Ejecutivo aplique plenamente la ley votada por el Congreso. Además, cuestionaron la pérdida del poder adquisitivo de los salarios docentes y no docentes, la reducción de fondos para funcionamiento, ciencia y becas estudiantiles.
Los organizadores señalaron que las transferencias a las universidades nacionales acumulan una fuerte caída real desde 2023 y alertaron que muchas instituciones atraviesan una situación crítica para sostener actividades académicas, investigación, extensión y programas de acompañamiento estudiantil.
La protesta tuvo como epicentro la Ciudad de Buenos Aires, aunque también hubo importantes convocatorias en Córdoba, Rosario, Santa Fe, Mendoza y otras provincias. En paralelo, desde el Gobierno nacional cuestionaron la movilización y aseguraron que el reclamo “está montado emocionalmente sobre mentiras”.
