Gallo explicó que los sellos negros de advertencia cumplen una función esencial al informar de manera rápida y sencilla cuándo un producto contiene exceso de azúcares, sodio, grasas o calorías. “Los sellos tienen la función de alertar a la persona que va a comprar sobre si un producto es más o menos saludable. Son una advertencia rápida que ayuda a tomar mejores decisiones de compra”, señaló.
La profesional remarcó que numerosos estudios muestran resultados positivos desde la implementación de la ley. Según indicó, más del 90% de la población considera que los sellos permiten identificar fácilmente los productos poco saludables y más del 60% reconoció haber modificado sus hábitos de compra a partir de esta información.
“No son solo los sellos”
Gallo advirtió que una eventual derogación implicaría la pérdida de otros aspectos fundamentales de la normativa. “La ley no abarca únicamente el etiquetado frontal. También protege los entornos escolares, regula la publicidad dirigida a niños y establece criterios para las compras públicas de alimentos”, explicó.
En ese sentido, destacó que la normativa busca especialmente resguardar a las infancias, limitando estrategias de marketing que incentivan el consumo de productos ultraprocesados. Recordó que, a partir de la ley, muchos alimentos con exceso de azúcar o grasas debieron retirar personajes infantiles y mensajes promocionales de sus envases.
Diferencias con la mirada del Gobierno nacional
La presidenta del Colegio de Nutricionistas sostuvo que la iniciativa del Ejecutivo nacional responde principalmente a una lógica comercial vinculada a la armonización de normas dentro del Mercosur.
“El Gobierno plantea reducir limitaciones regulatorias y facilitar el comercio regional. Nosotros entendemos que debe existir una mirada preventiva de la salud. No estamos en desacuerdo con mejorar la ley, pero sí con derogarla completamente”, afirmó.
Gallo destacó además que el sistema argentino de etiquetado es considerado uno de los más rigurosos de la región porque está basado en criterios científicos de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). Según explicó, permite detectar con mayor precisión excesos de nutrientes críticos en los alimentos en comparación con otros modelos aplicados en países vecinos.
“Sería un retroceso”
Para la profesional, eliminar la ley implicaría un retroceso en materia de derechos. “Se recortaría el acceso a la información sobre lo que estamos consumiendo y también las herramientas para promover una alimentación saludable”, señaló.
Finalmente, indicó que el Colegio de Nutricionistas no impulsa proyectos legislativos propios, pero sí realiza tareas de asesoramiento e incidencia ante diputados y senadores para aportar evidencia científica durante el debate. “Queremos que cualquier decisión se tome con fundamentos técnicos y pensando en la salud de la población”, concluyó.
