La propuesta establece que la enseñanza podrá estar a cargo de los padres, tutores o personas designadas por la familia. En caso de aprobarse, los estudiantes deberán acreditar periódicamente los conocimientos adquiridos mediante evaluaciones oficiales para obtener la certificación de los distintos niveles educativos.
El proyecto busca otorgar mayor libertad a las familias para elegir la modalidad educativa que consideren más adecuada, tomando como referencia sistemas vigentes en distintos estados de Estados Unidos, donde el homeschooling está regulado desde hace años.
Entre los principales cambios que propone la iniciativa también figuran un mayor protagonismo de las familias en las decisiones educativas, más autonomía para las instituciones escolares y modificaciones en el régimen de evaluación y acreditación de los estudiantes.
La propuesta abrió un fuerte debate. Sus defensores sostienen que amplía la libertad de elección de los padres y permite adaptar la enseñanza a las necesidades de cada alumno. En cambio, especialistas y sectores educativos advierten sobre el impacto que podría tener en la socialización de niños y adolescentes, además de plantear interrogantes sobre los mecanismos de control estatal y la garantía del derecho a una educación de calidad para todos.
Por el momento, el proyecto no fue aprobado y deberá continuar su tratamiento legislativo antes de convertirse en ley.
