El Tribunal de Cuentas de La Pampa, mediante la Sentencia Nº 2702/2025, dictada el 6 de noviembre, formuló cargos por $600.000 al presidente de la Comisión de Fomento de Loventuel, Oscar Hugo Martínez, y a la secretaria tesorera, Cecilia Figueroa. Además, impuso una multa de $354.397, por irregularidades detectadas en la rendición del balance correspondiente a julio de 2024.
El primer señalamiento refiere al pago de honorarios profesionales con fondos comunales. El expediente detalla que el “comprobante de contabilización de pagos Nº 3286”, por $600.000, fue acompañado por la factura del abogado Walter Damián Díaz por “honorarios causa judicial”. Durante la revisión, el Tribunal requirió que se aclarara si dicho gasto estaba vinculado a la comuna.
En su descargo, Martínez explicó que la denuncia judicial no había sido dirigida contra la Comisión de Fomento, sino contra él personalmente, en una causa por abuso de autoridad, y que el profesional actuó como su abogado defensor. Con estos elementos, el Tribunal de Cuentas concluyó que no corresponde utilizar recursos públicos para afrontar gastos derivados de procesos penales individuales, aun cuando los implicados ejerzan un cargo público, y formuló cargo por el monto observado.
El segundo punto objetado derivó en una multa de $354.397 aplicada a Martínez y Figueroa. El organismo advirtió que en el “comprobante de contabilización de pagos Nº 3203”, vinculado al programa PP2 – Viviendas Plan Mi Casa IV, no se había presentado la documentación requerida: la resolución del IPAV aprobando la transferencia, el convenio de ejecución, propuestas de postulantes, documentación establecida por la Resolución 134/20 del Tribunal, la designación del representante técnico y la nómina definitiva de adjudicatarios.
Ante la falta de entrega en tiempo y forma, la Jefatura de la Sala II consideró procedente aplicar la sanción prevista en la Resolución 17/2012 del TdeC.
El fallo dispone que Martínez y Figueroa deberán depositar los importes correspondientes dentro de los diez días de notificados, acreditando el pago ante el organismo. También podrán presentar un recurso de revocatoria, con la advertencia de que, en caso de incumplimiento, se dará intervención al Fiscal de Estado, conforme al artículo 33 de la normativa vigente.
La causa penal que involucra a Martínez
El Tribunal de Cuentas retoma elementos de una causa penal que involucró al presidente de la Comisión de Fomento. En febrero, la Sala “B” del Tribunal de Impugnación Penal —integrada por los jueces Mauricio Piombi y Filinto Rebechi— rechazó un recurso de impugnación presentado por la defensa de Martínez y confirmó su condena por incumplimiento de los deberes de funcionario público, con una pena de dos meses de inhabilitación para ocupar cargos públicos.
La causa (Legajo Nº 4578/2) tuvo origen en mayo de 2024, cuando la Sala “A” del TIP —conformada por los jueces Gabriel Lauce Tedín y María Eugenia Schijvarger— revocó una absolución dictada por el juez Marcelo Pagano y condenó a Martínez por dos hechos en concurso real: el libramiento de un cheque posdatado de la Comisión de Fomento y haber constituido a la comuna como garante de deuda sin autorización del Poder Ejecutivo Provincial.
La pena fijada entonces incluyó una multa de $5.000 y dos meses de inhabilitación especial.
La defensa, a cargo del abogado Díaz, sostuvo que existieron errores en la interpretación de la normativa aplicable a los cheques, pero el Tribunal confirmó que Martínez actuó como fiador solidario de la sociedad “La Yolanda S.R.L.” sin la autorización correspondiente.
En septiembre, el Superior Tribunal de Justicia rechazó un recurso de casación de la defensa. Actualmente, según indicó la parte involucrada, el caso cuenta con una apelación ante la Suprema Corte de Justicia en busca de revertir lo dictaminado por la Justicia pampeana.
Con infomración de La Arena.
