El caso tiene como protagonista a Néstor Rozín, titular del Hotel Sol de Funes —actualmente Radisson RED Funes—, quien explicó que el acceso al complejo se encontraba en muy malas condiciones y afectaba el ingreso de visitantes, trabajadores y proveedores. Ante la falta de respuestas oficiales, decidió afrontar los trabajos con maquinaria y materiales propios.
Según relató el empresario en medios santafesinos, durante meses reclamaron tanto a Vialidad Nacional como a la concesionaria de la autopista para que repararan el sector, pero las obras nunca se concretaron. Finalmente, recurrieron a maquinaria privada y colocaron piedras y material para rellenar los pozos y mejorar la circulación.
Sin embargo, casi siete meses después de los trabajos, el 7° Distrito Santa Fe de Vialidad Nacional envió una carta documento intimándolo a “restituir el tramo a su estado original” en un plazo de diez días hábiles. El organismo argumentó que la intervención fue realizada sin autorización definitiva y sin cumplir con toda la documentación técnica exigida para actuar sobre una vía bajo jurisdicción nacional.
Desde Vialidad señalaron además que la obra ejecutada superó lo presentado originalmente y que no se realizaron los controles técnicos correspondientes vinculados a seguridad vial, drenaje, compactación y materiales utilizados.
La situación generó repercusión y debate en redes sociales y medios nacionales, donde muchos usuarios cuestionaron que se ordene destruir una mejora realizada en un acceso que, según indicaron, estaba completamente deteriorado y es utilizado diariamente por vecinos y trabajadores de la zona.
Rozín aseguró que intentará revertir la intimación y sostuvo que resulta contradictorio que, mientras el Estado exige accesibilidad y mantenimiento, también impida que privados realicen mejoras en sectores abandonados.
