La Comisión de Seguimiento y Control del Régimen de Transición del Área Hidrocarburífera El Medanito, presidida por la diputada Gisela Cuadrado, recibió este martes a empresarios prestadores de servicios petroleros, quienes describieron un panorama crítico para el sector y reclamaron medidas urgentes ante la transición de la concesión del yacimiento.
Durante el encuentro, los representantes de las empresas contratistas coincidieron en señalar que atraviesan una profunda crisis económica como consecuencia de las deudas que, según afirmaron, mantiene Petroquímica Comodoro Rivadavia (PCR), el atraso en las tarifas y la paralización de equipos, situación que pone en riesgo la continuidad de numerosas firmas pampeanas.
Marcelo Faruelo, titular de GP Servicios Petroleros, sostuvo que el deterioro comenzó por la falta de actualización de los contratos.
«Las tarifas quedaron muy por debajo de la realidad y hoy estamos trabajando a pérdida», afirmó.
El empresario manifestó su expectativa de que Ribeiro SRL, adjudicataria de la nueva concesión del área, revise los valores de los contratos.
«La nueva empresa tiene que acomodar las tarifas porque, de lo contrario, las empresas no van a poder seguir funcionando», advirtió.
Faruelo también denunció que PCR mantiene importantes deudas comerciales con las contratistas, lo que obligó a muchas empresas a tomar créditos con elevadas tasas de interés para sostener su actividad.
Además, cuestionó que durante años la operadora no contempló el fondo de cese laboral correspondiente y explicó que las empresas debieron afrontar durante meses todos los costos de equipos paralizados, incluyendo salarios, seguros, certificaciones y mantenimiento.
En ese contexto, aseguró que la propuesta presentada por PCR para cancelar las deudas es insuficiente.
«Está ofreciendo pagar apenas un 10% de lo que realmente adeuda», cuestionó.
Por su parte, Alexis Medina, de Transporte Medina, describió la difícil situación que atraviesan las contratistas.
«Estamos muy complicados. Tengo tres equipos parados y la gente cobra como si estuviera trabajando, pero los equipos no generan ingresos», señaló.
Explicó que muchos de esos vehículos fueron adquiridos mediante créditos para responder a licitaciones específicas y hoy permanecen inmovilizados mientras continúan generando gastos financieros y operativos.
«Seguimos pagando cuotas, seguros y otros costos sin facturar. Las empresas se están desfinanciando», expresó.
A su turno, Antonio Azor, de Azor Transportes, planteó otra preocupación vinculada al cambio de operadora: las obligaciones laborales derivadas de la antigüedad del personal.
Según explicó, el sindicato pretende que las empresas contratistas asuman también la antigüedad acumulada por los trabajadores durante etapas anteriores de la concesión.
«Eso es imposible de afrontar. Podríamos tener que vender todo para hacer frente a esas indemnizaciones», advirtió.
Finalmente, Zulema Suárez, representante de GP, afirmó que el congelamiento tarifario durante el último año y medio provocó que las empresas trabajen con pérdidas.
Indicó que, si bien Ribeiro ya mantuvo un primer contacto con las contratistas, todavía no hubo una reunión formal para discutir una actualización de tarifas, mientras que PCR tampoco presentó una propuesta concreta para resolver las diferencias económicas acumuladas.
«Los costos que reclamamos ya fueron afrontados por las empresas. No estamos negociando daños y perjuicios, sino gastos reales que tuvimos para prestar el servicio», remarcó.
También cuestionó el sistema de stand-by, al sostener que la compensación económica no cubre ni los salarios ni los costos fijos necesarios para mantener los equipos en condiciones operativas.
Los empresarios coincidieron en que la situación requiere una solución inmediata para evitar el cierre de empresas locales, preservar las fuentes de trabajo y garantizar la continuidad de los servicios durante la transición del Área El Medanito.
