Un informe elaborado por Zentrix Consultora sostiene que el Gobierno nacional podría cumplir con la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente sin comprometer el equilibrio fiscal previsto para 2027.
El estudio analiza el proyecto de Presupuesto Nacional enviado al Congreso y concluye que existen partidas suficientes para afrontar las obligaciones establecidas por la Ley 27.795, vigente desde octubre de 2025, aunque su aplicación permanece judicializada.
De acuerdo con la consultora, implementar la totalidad de la normativa demandaría entre $2,45 y $3,65 billones durante el próximo año. Sin embargo, el proyecto presupuestario contempla $5,93 billones sin asignación específica dentro de la jurisdicción Obligaciones a cargo del Tesoro.
La principal conclusión del informe es que los recursos necesarios ya están incluidos en el gasto total proyectado, por lo que su reasignación al sistema universitario no modificaría, por sí misma, el resultado fiscal previsto por el Poder Ejecutivo.
Cuánto costaría aplicar la ley
El proyecto de Presupuesto 2027 contempla una asignación inicial de $7,35 billones para las universidades nacionales.
Sobre esa base, Zentrix calculó distintos escenarios de financiamiento.
La recomposición de los salarios docentes y no docentes, junto con la actualización de las becas estudiantiles, demandaría aproximadamente $2 billones adicionales durante 2027.
En tanto, la implementación completa de la ley, incluyendo la actualización de los gastos de funcionamiento, el sostenimiento de hospitales universitarios y el financiamiento de actividades científicas y de extensión, requeriría entre $2,45 y $3,65 billones.
Según las estimaciones presentadas, esos montos representarían entre el 1% y el 1,8% del gasto público nacional proyectado y entre el 0,14% y el 0,26% del Producto Bruto Interno.
Los fondos disponibles en el Tesoro
Uno de los principales aspectos identificados por el estudio es el incremento de los recursos destinados a Obligaciones a cargo del Tesoro, una jurisdicción presupuestaria que pasaría de $5,6 billones a $14,8 billones en 2027.
Dentro de ese monto, $7,68 billones figuran bajo el concepto de otras asistencias financieras, sin un beneficiario determinado.
Al descontar los recursos previstos para aumentos salariales de la Administración Nacional y las transferencias ya destinadas a universidades, el informe identifica un saldo de $5,93 billones sin asignación específica.
De esta manera, incluso en el escenario de mayor costo, la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario utilizaría aproximadamente el 62% de esos fondos.
La consultora advierte que la principal consecuencia de esta reasignación sería una reducción del margen de decisión del Poder Ejecutivo sobre el destino de esas partidas, sin necesidad de incrementar el gasto total presupuestado.
El conflicto judicial por la aplicación de la norma
La Ley 27.795 fue ratificada por el Congreso en octubre de 2025, luego de que ambas cámaras rechazaran el veto presidencial con las mayorías requeridas.
Posteriormente, el Gobierno nacional promulgó la normativa, pero suspendió su ejecución mediante el Decreto 759/2025, argumentando que no se habían identificado las fuentes de financiamiento necesarias.
El conflicto derivó en distintas resoluciones judiciales. Según el relevamiento de Zentrix, una medida cautelar ordenó avanzar con la recomposición salarial y las becas, mientras que el pasado 6 de octubre un juzgado federal dispuso aplicar la ley en su totalidad.
Esta última decisión fue apelada por el Gobierno nacional, por lo que la controversia judicial continúa abierta.
El informe también sostiene que la incorporación de las partidas correspondientes durante el tratamiento legislativo del Presupuesto 2027 podría resolver uno de los principales argumentos utilizados para suspender la ejecución de la norma.
La pérdida salarial y su impacto en las universidades
El trabajo advierte que la falta de actualización presupuestaria tiene consecuencias directas sobre los ingresos de los trabajadores universitarios.
Según los datos relevados, aproximadamente nueve de cada diez pesos destinados al sistema universitario se utilizan para afrontar salarios.
Aunque el acuerdo salarial alcanzado en junio permitió interrumpir un período de 19 meses de deterioro, las remuneraciones reales todavía se ubicarían un 22% por debajo de los niveles registrados en noviembre de 2023.
El informe también cita datos del Consejo Interuniversitario Nacional que indican que alrededor de 10.000 docentes dejaron sus cargos durante ese período.
En materia de investigación, señala que la ejecución real de los recursos destinados a ciencia y técnica universitaria durante 2025 representó apenas el 38% de lo ejecutado en 2023.
El Presupuesto 2027, una instancia decisiva
La discusión parlamentaria del Presupuesto Nacional aparece como uno de los puntos centrales para resolver el conflicto.
El artículo 12 del proyecto establece una asignación presupuestaria determinada para las universidades y contempla actualizaciones calculadas sobre las plantas de personal de noviembre de 2026.
Sin embargo, la Ley 27.795 establece negociaciones paritarias con intervalos no superiores a tres meses y actualizaciones salariales que no pueden resultar inferiores a la inflación.
Zentrix advierte que, por cada cinco puntos porcentuales de inflación por encima de la previsión presupuestaria, se generarían necesidades adicionales de financiamiento por aproximadamente $320.000 millones.
En ese contexto, el tratamiento del presupuesto en el Congreso y la resolución de las causas judiciales serán determinantes para establecer cómo se financiará el sistema universitario durante el próximo año.
Para la consultora, el debate no pasa únicamente por la disponibilidad de recursos, sino también por las prioridades de asignación presupuestaria. Su análisis concluye que cumplir con la legislación vigente sería fiscalmente posible mediante una redistribución de partidas ya contempladas, aunque eso implicaría limitar los fondos cuyo destino puede decidir el Poder Ejecutivo.
El estudio fue elaborado con información actualizada al 13 de octubre de 2026 y utiliza datos presupuestarios, legislación vigente, resoluciones judiciales e informes de organismos públicos y del sistema universitario.
La resolución judicial del 6 de octubre fue confirmada en distintas publicaciones y la apelación presentada por el Gobierno avanzó a la Cámara. La discusión permanece abierta, con posiciones diferentes sobre las consecuencias presupuestarias de aplicar la ley.
