El Juez Diego Asin resolvió hacer lugar al pedido del Defensor Oficial de la imputada, la suspensión de juicio a prueba por el término de un año, durante el cual la suspendida no deberá cometer nuevos delitos. El Fiscal Méndez, con los argumentos expuestos, expresó que es procedente hacer lugar a lo solicitado.
Por otro lado, tendrá que cumplir las siguientes reglas de conducta: fijar domicilio; abstenerse de usar estupefacientes y/o de abusar de bebidas alcohólicas; imponer la realización de dos horas semanales de trabajos no remunerados en favor del Estado o de institución de bien público, fuera de sus horarios habituales de trabajo.
La denunciante habría manifestado no aceptar la suma ofrecida en concepto de reparación monetaria, por este motivo se eximió a la imputada de reparar el daño causado. No obstante, solicitó se evalúe la posibilidad de aplicarle sanciones mediante las que deba cumplir tareas comunitarias en beneficio de adultos mayores o realizar y aprobar cursos que la instruyan como se debe tratar y cuidar a personas vulnerables.
El hecho denunciado ocurrió el 5 de marzo pasado. Una empleada del geriátrico agredió físicamente a una residente de la Institución, quien no camina porque esta operada. La víctima fue golpeada por la denunciada, causándole diversos hematomas.
La suspensión del juicio a prueba es una alternativa prevista en el Código Penal para evitar condenas de prisión. Se le fija a los procesados el cumplimiento de determinadas condiciones (en la mayoría de los casos tareas comunitarias) y si estas son cumplidas se deja sin efecto el juicio, es decir, se extingue la acción penal.
