El diputado provincial de La Pampa, Hernán Pérez Araujo, presentó una acción de amparo ante la Justicia Federal en rechazo a las condiciones establecidas para las audiencias públicas en el tratamiento de la denominada “Ley de Glaciares”, al considerar que restringen la participación ciudadana en un tema de alto impacto ambiental.
La presentación judicial solicita declarar la inconstitucionalidad del criterio adoptado por las comisiones de Recursos Naturales y de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados de la Nación, que dispusieron audiencias con participación limitada según el orden de inscripción de los interesados.
Según se detalla en la demanda, el esquema previsto contempla una audiencia presencial el 25 de marzo y otra virtual el 26, con cupos restringidos por provincia y prioridad para quienes se inscriban primero, lo que —según el planteo— excluye a sectores clave como especialistas, docentes, científicos y organizaciones sociales.
Pérez Araujo calificó la medida como “irresponsable, irrisoria, azarosa, egoísta y desinteresada”, al entender que impide una participación real y plural en un debate que involucra la protección de los recursos hídricos, un tema históricamente sensible para La Pampa.
En el escrito judicial se sostiene que esta modalidad vulnera derechos constitucionales, en particular el derecho a la participación en cuestiones ambientales previsto en el artículo 41 de la Constitución Nacional, así como principios establecidos en la Ley General del Ambiente y el Acuerdo de Escazú.
Además, se argumenta que el criterio basado exclusivamente en el orden cronológico de inscripción resulta arbitrario y desproporcionado, ya que no garantiza representatividad ni diversidad de voces, elementos considerados esenciales en instancias de participación pública.
Como medida cautelar, se solicitó la suspensión inmediata de la limitación impuesta hasta tanto se resuelva el fondo de la cuestión, advirtiendo que la realización de la audiencia bajo las condiciones actuales podría generar un perjuicio irreparable.
También se pidió garantizar una participación amplia, equitativa y efectiva de los interesados, incluyendo la presencia del propio legislador en la audiencia convocada.
El planteo pone el foco en la relevancia del debate sobre la protección de los glaciares y el ambiente periglacial, considerados bienes colectivos de jerarquía constitucional, cuya eventual afectación podría tener consecuencias irreversibles.
