Como en la primera aplicación práctica de la ley -que los funcionarios pretenden que esté vigente desde enero- se utilizarían las variables del segundo semestre de este año, en 2018 ese adicional se calcularía en función de lo que ocurra con el PBI en el semestre en curso.
Así, si la actividad tuviera una evolución de 2%, el adicional sería de 0,1%. Para una jubilación de $ 10.000, se trataría sólo de $ 10 (más el ajuste por la inflación del cuarto trimestre de este año). A partir de 2019, la variación del PBI considerada sería la anual.
La actualización por inflación llegaría con un rezago de seis meses. En el Gobierno justifican eso al decir que el último aumento otorgado se hizo en función de las variables del primer semestre de este año, con lo cual se entiende que corresponde tomar las del período iniciado en julio para continuar con las actualizaciones, ya con un esquema modificado y con una inflación que iría a la baja.
La fórmula de movilidad se usa no sólo para actualizar las jubilaciones, sino también la asignación universal por hijo, el salario familiar y los pagos no contributivos.
Además, el índice se utiliza para actualizar el valor histórico de las remuneraciones consideradas en el cálculo del haber inicial de quien se jubila.
El proyecto oficial indica que, con el nuevo esquema, ya no se usaría para este último fin, sino que esos valores de los ingresos se actualizarían según la evolución de índices salariales.
Por otra parte, y según el proyecto, desde el primer mes de 2018 debería aplicarse una corrección a los haberes de quienes, habiendo hecho al menos 30 años de aportes efectivos (quienes no hayan obtenido su beneficio por moratoria), cobren menos de $ 7990.
Esto es porque se establecería que, cumplido el requisito de aportes, nadie podría cobrar menos que el 82% del salario mínimo, vital y móvil.
Hoy esa condición está prácticamente cumplida (el menor haber, de $ 7246, representa el 81,8% del salario mínimo).
Pero como en el primer mes de 2018 el ingreso básico de los trabajadores subirá a $ 9500, ningún jubilado podría cobrar menos de $ 7790.
«Queremos mostrar una diferencia entre quienes hicieron aportes y quienes no, porque el objetivo es incentivar a que se aporte al sistema», señaló ayer Triaca al explicar esa propuesta, incluida en el pacto que firmaron la Nación y las provincias.
El ministro también afirmó que se busca que las personas puedan decidir seguir trabajando más tiempo luego de haber cumplido la edad de retiro.
Hoy no existe la obligación de jubilarse cuando se llega a la edad mínima para acceder a la prestación (60 años las mujeres y 65 años los varones), pero según la ley de contrato de trabajo, el empleador puede intimar desde entonces a la persona a tramitar su jubilación, siempre que tenga cumplidos los requisitos legales.
El proyecto oficial dice que la empresa sólo tendría derecho a esa intimación cuando el empleado haya cumplido 70 años. Así, y siempre que esa sea su voluntad (ya que la edad jubilatoria no se modificaría) las mujeres podrían mantenerse en su trabajo 10 años más y los varones, 5 años más, sin ser intimados.
«Hay unas 40.000 personas, entre las que se jubilan cada año, que estarían dispuestas a seguir trabajando», sostuvo Triaca.
El cambio propuesto se justifica en la necesidad de dar mayor libertad para elegir el momento del retiro. En la práctica, claro, el retraso de la edad jubilatoria alivia las necesidades de financiamiento del sistema jubilatorio.
Esa parte del proyecto había sido resistida por los sindicatos en las negociaciones, dado lo que podría significar en un mercado laboral que no genera suficientes puestos para las personas que se suman cada año a la actividad.
