El legislador pampeano explicó que la norma sancionada por el Congreso establecía “un mecanismo justo, transparente y automático para distribuir los fondos, evitando la discrecionalidad política y otorgando previsibilidad a los gobiernos provinciales”.
Un instrumento de presión política
Kroneberger recordó que los ATN fueron creados para responder a emergencias como catástrofes naturales, crisis hídricas, problemas sanitarios o desequilibrios financieros imprevistos, pero que “en la práctica se han convertido en un instrumento de manejo político del poder central, que decide discrecionalmente cuándo, cuánto y a qué provincias asistir”.
“Lo que debería ser un recurso extraordinario y solidario se transforma en una herramienta de presión y condicionamiento”, advirtió.
Federalismo y equidad
Para el senador, el argumento del Poder Ejecutivo de preservar el equilibrio fiscal “no puede sostener un esquema discrecional que atenta contra el federalismo, la autonomía de las provincias y la igualdad de trato que deben garantizar las instituciones”.
“Cuando los recursos dependen de la voluntad de un gobierno nacional y no de reglas claras, se distorsiona el principio republicano de equidad y se debilita la democracia”, enfatizó.
Reglas claras para la distribución
Kroneberger subrayó que rechazar el veto “no significa desconocer la importancia de ordenar las cuentas públicas, sino afirmar que el equilibrio fiscal no puede alcanzarse a costa de someter a las provincias ni de concentrar recursos en el poder central”.
“El proyecto garantiza al Gobierno Nacional un 43,34% de los recursos, cifra que está por encima del promedio histórico de lo efectivamente gastado. El resto se distribuye en forma automática entre las provincias, de acuerdo al índice de coparticipación. De esta manera, no se desfinancia al Estado nacional ni se altera el destino de los fondos, sino que se aporta transparencia, previsibilidad y equidad en su asignación”, explicó.
Un paso hacia un verdadero federalismo fiscal
Finalmente, el senador pampeano aseguró que “la insistencia en la ley tiene que representar un primer paso concreto para dar la pelea por un verdadero federalismo fiscal y para que las provincias recuperen los recursos que les pertenecen y que necesitan para cumplir con sus obligaciones”.
“Con esta ley dejamos claro que no hay espacio para privilegios ni discrecionalidad: los recursos de todos los argentinos deben distribuirse con transparencia y justicia”, concluyó.
