La decisión del máximo tribunal se conoció poco después de que el gobernador Sergio Ziliotto instruyera a la Fiscalía de Estado a presentar una medida cautelar urgente, buscando garantizar la sustentabilidad del sistema previsional provincial y exigir el cumplimiento de las leyes que obligan al Estado nacional a cubrir el déficit del Instituto de Seguridad Social (ISS).
“Hemos sido convocados por la Corte Suprema de Justicia a una audiencia con el Estado Nacional. Insistiremos en la legalidad de nuestro reclamo y en la necesidad urgente de recuperar los recursos que nos pertenecen. Una vez más, vamos a defender La Pampa, por historia y por mandato popular”, manifestó Ziliotto a través de sus redes sociales.
Un reclamo sostenido
Desde el inicio de la actual gestión nacional, La Pampa no ha recibido los fondos correspondientes por el déficit previsional, lo que ha obligado al Gobierno provincial a cubrir el financiamiento con recursos propios, junto a los municipios.
En el Presupuesto 2025, la Provincia destinará $145.000 millones —sin actualización— para sostener el sistema, de los cuales el 11% proviene de aportes municipales.
La falta de transferencias por parte de la Nación, la eliminación de artículos del Presupuesto 2023 que ratificaban esas obligaciones y la ausencia de auditorías o adelantos mensuales han profundizado el desfinanciamiento del ISS.
Contexto económico y político
A la situación previsional se suma el impacto de la recesión económica nacional, que ha reducido los ingresos provinciales, y el incumplimiento de convenios en materia de obra pública, que el Gobierno pampeano también debió afrontar con fondos propios.
La convocatoria de la Corte Suprema representa un nuevo paso institucional en la defensa de los derechos de los jubilados y pensionados pampeanos, así como del principio de federalismo fiscal, que el Ejecutivo provincial considera vulnerado por la falta de transferencias nacionales.
En ese sentido, Ziliotto subrayó que “La Pampa no reclama privilegios, sino el cumplimiento estricto de la ley”, y que continuará utilizando las vías institucionales para garantizar los derechos previsionales de los pampeanos.
