La sesión fue presidida por la vicegobernadora Alicia Mayoral y permitió el ingreso formal del proyecto remitido por el Poder Ejecutivo. Tras su incorporación, el diputado Espartaco Marín solicitó que la iniciativa fuera analizada en la Comisión de Hacienda y Presupuesto, con la presencia del ministro de Economía, Guido Bisterfeld, lo que motivó un cuarto intermedio para su tratamiento.
Durante la reunión de comisión, presidida por el diputado Daniel Lovera, se emitió dictamen favorable por mayoría. En ese ámbito expusieron el ministro Bisterfeld y la fiscal de Estado, Romina Schmidt, quienes brindaron detalles técnicos y jurídicos sobre el convenio alcanzado tras un reclamo judicial iniciado por la Provincia en 2024.
Schmidt explicó que el acuerdo surge luego de la interrupción definitiva de los anticipos mensuales que ANSES debía transferir a La Pampa. Ante esa situación, el Instituto de Seguridad Social promovió una acción judicial y solicitó una medida cautelar para restablecer los pagos, lo que derivó en una audiencia de conciliación ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación.
En ese proceso, el Estado Nacional manifestó su intención de formular una propuesta de pago, lo que dio lugar a negociaciones técnicas entre equipos provinciales y nacionales. Como resultado, se arribó a un convenio que fue presentado ante la Corte Suprema y que permite avanzar con un esquema de anticipos a cuenta del déficit previsional.
Por su parte, el ministro Bisterfeld señaló que no existen divergencias significativas en los datos históricos entre Nación y Provincia, lo que facilitó el acuerdo. Precisó que se estableció un anticipo de 2.500 millones de pesos correspondiente al período 2017–2021 y otro de 60.000 millones de pesos a cuenta de los déficits 2022–2025, a abonarse en 12 cuotas durante 2026.
El funcionario aclaró que el convenio no implica el cierre definitivo de la deuda, ya que los montos finales continúan en proceso de revisión. Indicó además que este esquema es similar al aplicado en acuerdos con otras provincias y constituye un primer paso hacia la regularización de la situación previsional.
De regreso en el recinto, el diputado Daniel Lovera remarcó que el acuerdo no pone fin al litigio judicial, sino que suspende el proceso hasta que se determine el resultado definitivo del sistema previsional provincial. También destacó que los fondos tendrán asignación específica para garantizar el funcionamiento del Instituto de Seguridad Social y sostener servicios esenciales.
Desde la oposición, el diputado Hipólito Altolaguirre valoró el reconocimiento de la deuda por parte del Estado Nacional, aunque expresó diferencias respecto del destino de los fondos. Consideró que parte de los recursos podría haberse destinado a un fondo exclusivo para comenzar a sanear el déficit estructural del sistema previsional.
No obstante, el legislador confirmó el acompañamiento de su bloque, al señalar que se trata de una deuda histórica de la Nación con la Provincia y que el acuerdo no implica la extinción total de lo adeudado, sino una cancelación parcial.
Finalmente, el diputado Espartaco Marín defendió el accionar del Gobierno provincial y subrayó que el pago acordado representa solo una porción del total reclamado. Afirmó que el objetivo de la Provincia es avanzar hacia un sistema previsional equilibrado y sostuvo que, cuando no hay respuestas políticas, la vía judicial es una herramienta legítima para defender los intereses pampeanos.
