El Ministerio de Desarrollo Social y Derechos Humanos de La Pampa manifestó su repudio, preocupación y desacuerdo frente a las narrativas que sostienen la supuesta “masividad de falsas denuncias”, en el marco de las políticas públicas de protección integral de derechos de niños, niñas y adolescentes.
Desde el organismo provincial también rechazaron los proyectos de ley que promueven el agravamiento de penas en torno a esta figura, particularmente en el campo de las violencias de género y los delitos contra la integridad sexual. En ese sentido, advirtieron que la iniciativa que avanza en el Senado de la Nación se inscribe en “una serie de políticas regresivas” impulsadas por el Gobierno nacional.
“El proyecto debe comprenderse en el marco de un deterioro sostenido de las políticas públicas orientadas a la niñez y la adolescencia, así como del debilitamiento de los dispositivos institucionales encargados de garantizar el pleno ejercicio de sus derechos”, señalaron.
El Ministerio advirtió que la circulación de estos discursos, “carentes de sustento en la evidencia disponible”, puede generar efectos adversos en la protección de derechos. En particular, indicaron que instalar la idea de una generalización de denuncias falsas puede debilitar la confianza en quienes denuncian, desalentar la búsqueda de ayuda y obstaculizar el acceso a la Justicia de personas en situación de vulnerabilidad.
“Lejos de fortalecer las respuestas institucionales, estos enfoques contribuyen a profundizar el silencio, el temor y el aislamiento de las víctimas”, agregaron.
Asimismo, remarcaron que el abuso sexual contra niños, niñas y adolescentes constituye una grave vulneración de derechos, que suele producirse en contextos de asimetría de poder, frecuentemente en ámbitos intrafamiliares o de confianza. En ese marco, destacaron que la evidencia indica que la mayoría de los agresores pertenecen al entorno cercano de las víctimas, lo que complejiza los procesos de denuncia.
Por otra parte, alertaron sobre el impacto que puede tener la judicialización y el cuestionamiento a profesionales que intervienen en estos casos. Según indicaron, la deslegitimación de equipos técnicos y de salud mental debilita dispositivos fundamentales para la escucha, la detección y la protección de niñas, niños y adolescentes.
En ese sentido, expresaron preocupación por las consecuencias que estas iniciativas pueden generar en la disposición de las víctimas a denunciar, en el accionar de los equipos profesionales y en la construcción de entornos de confianza.
Finalmente, el Ministerio reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen la protección integral de las infancias, el acceso efectivo a la Justicia, la capacitación permanente de los equipos intervinientes y el acompañamiento respetuoso y especializado.
“Proteger a las infancias no es solo intervenir cuando el daño ya ocurrió: es también garantizar condiciones sociales, institucionales y culturales para que puedan ser escuchadas, creídas y acompañadas, sin temor ni obstáculos”, concluye el comunicado.
